La Casa Rosada oficializó una partida extra de $590 millones para asegurar la operatividad del BNDG luego de un reclamo en los tribunales.
Como respuesta a la intervención de la Justicia federal y ante las alertas emitidas por fiscales que integran los equipos de investigación de delitos de lesa humanidad, la administración nacional comunicó que inyectará fondos adicionales al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) con el objeto de blindar sus tareas habituales. La determinación marca un cambio de postura en comparación con el escenario que habían expuesto públicamente las autoridades de la institución y la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quienes habían denunciado semanas antes un severo proceso de desfinanciamiento.
La notificación formal fue entregada al despacho del juez federal Alejo Ramos Padilla. El magistrado venía de dictar una medida cautelar en la que le exigía al Poder Ejecutivo la implementación de «todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias» para salvaguardar el rol de la entidad, cuya función primordial es efectuar los estudios de ADN indispensables para restituir la identidad de los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.
El conflicto presupuestario había salido a la luz el 8 de mayo de este año. En esa fecha, Mariana Herrera Piñero, directora técnica del BNDG, advirtió que la falta de recursos obligaba a suspender la extracción de nuevas muestras biológicas, un eslabón crítico para las causas judiciales por apropiación de menores en el marco del terrorismo de Estado. Esta parálisis motivó el accionar de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), bajo la coordinación del fiscal Pablo Parenti, de manera conjunta con la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, representada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Nogueira.
El trasfondo del conflicto financiero
En virtud de ese panorama de parálisis, Ramos Padilla emitió una orden directa dirigida a Manuel Adorni en su rol de jefe de Gabinete, exigiéndole asegurar los recursos para el Banco. Tras el fallo de los tribunales, los directivos del BNDG concretaron una mesa de trabajo con miembros de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología —área que encabeza Darío Genua— y con funcionarios de la Jefatura de Gabinete. En ese encuentro se destrabó el compromiso para otorgar la ampliación financiera por un total de 590 millones de pesos.
A través del documento remitido al juzgado, los representantes del Gobierno nacional ratificaron que ya se pusieron en marcha los mecanismos técnicos para sumar dicho crédito al presupuesto actual, buscando «garantizar la continuidad operativa del BNDG». De acuerdo con las especificaciones del informe, la partida de dinero se utilizará de forma exclusiva para solventar costos operativos e indispensables de la rutina de laboratorio. Esto incluye la adquisición de insumos químicos y reactivos, el service técnico de la aparatología, la preservación adecuada del archivo de muestras biológicas, los costos de seguridad y limpieza de las instalaciones, el pago de servicios públicos y los viáticos del personal técnico que viaja por las provincias para tomar muestras de ADN.
A pesar de ceder los fondos, desde la Casa Rosada matizaron la presentación judicial con duras críticas hacia los magistrados y hacia el propio equipo directivo del Banco Nacional de Datos Genéticos. Desde la perspectiva del Ejecutivo, la medida cautelar se traduce en «un alarmante avance» por parte de los jueces y de los integrantes del Ministerio Público Fiscal sobre atribuciones que le corresponden por ley únicamente al presidente y sus ministros. En esa línea, alegaron que la práctica de fijar partidas de dinero desde un tribunal corre el riesgo de «desbaratar el sistema republicano» e introducir un «desequilibrio en las cuentas fiscales».
Por otra parte, los portavoces gubernamentales rechazaron el diagnóstico de crisis que trazaron desde el BNDG. Argumentaron que las trabas operativas experimentadas no obedecían a una escasez de partidas presupuestarias reales, sino que eran la consecuencia de «una gestión ineficiente de los recursos actualmente disponibles». El Ejecutivo llegó a asegurar explícitamente en el expediente que «no se observa un impedimento presupuestario» que justificara la interrupción o el riesgo en las prestaciones esenciales que brinda el organismo.
La creación del Banco Nacional de Datos Genéticos se remonta al año 1987, bajo el mandato presidencial de Raúl Alfonsín. Su fundación fue el resultado directo del reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo, que necesitaban soporte científico confiable para localizar e identificar a sus nietos apropiados. En la actualidad, las bóvedas del banco custodian un patrimonio de alrededor de 32 mil muestras de material biológico que sirven de base tanto para los expedientes judiciales por crímenes de lesa humanidad como para los ciudadanos que recurren a la institución con sospechas sobre su verdadera identidad biológica de origen.
