La iniciativa parlamentaria, que alcanzó un consenso casi unánime en el recinto, tiene como propósito fundamental regular y restringir el uso de terminales tecnológicas en los niveles inicial, primario y secundario de todo el territorio provincial.

El Poder Legislativo de la provincia de Chubut prestó aprobación este jueves a un proyecto de ley diseñado para restringir el uso de teléfonos celulares en el ámbito de las instituciones educativas de la jurisdicción. La propuesta cosechó un respaldo prácticamente unánime por parte de los legisladores, enfocando su alcance restrictivo en las aulas de los trayectos inicial, primario y medio.

El nuevo texto normativo fue impulsado originalmente por el presidente de la bancada Arriba Chubut, Juan Pais, y concitó la adhesión de los bloques Despierta Chubut, Chubut Unido, Familia Chubutense, Pich y Primero Chubut-CET, en adición al espacio del miembro informante. Por el contrario, el diputado representante del Frente de Izquierda, Juan Aquino, se posicionó como el único integrante del cuerpo que emitió un voto negativo frente a la reforma.

Con esta determinación, la provincia patagónica se acopla a una corriente de regulación pública que ya ha sido instrumentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otros ocho distritos provinciales en el orden nacional, en sintonía con las directrices adoptadas por Estados europeos como Dinamarca, Noruega, Francia y los Países Bajos.

Fundamentos científicos, neurocognitivos y de salud pública en el debate parlamentario

Durante su alocución en el recinto, el diputado Pais sustentó la necesidad de la norma a partir de información fáctica respecto de las consecuencias que produce el empleo de telefonía celular en los segmentos infantiles y juveniles. “El uso de estos dispositivos móviles por parte de los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo; los cerebros de los chicos que cursan en las escuelas primarias y secundarias están en formación, están en pleno desarrollo”, argumentó el legislador chubutense.

A efectos de robustecer la argumentación, el miembro informante invocó diversos dictámenes de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Conforme a los datos reseñados, ambas entidades científicas han advertido de manera concurrente que la exposición desmedida a las pantallas móviles induce disfunciones en el ciclo del sueño, afecciones oftalmológicas, tendencias a la obesidad, cuadros de ansiedad y sintomatología depresiva.

Bajo ese diagnóstico, Pais caracterizó la ley no meramente como un dispositivo pedagógico, sino como un vector de la política sanitaria preventiva del Estado: “Si garantizamos un uso limitado de los dispositivos en los establecimientos educativos vamos a retrasar o a disminuir al menos todos estos perjuicios que ya son evidentes, que ya se estudian y que implican un deterioro de la salud de nuestra sociedad y un mayor gasto en inversión en políticas de salud”, pormenorizó.

Restitución del rol docente, responsabilidad del núcleo familiar y estadísticas del sector

Otro de los pilares que estructuran la reforma legal está vinculado con el fortalecimiento de la autoridad de los equipos de conducción y del personal docente dentro del aula. El texto no establece un temperamento prohibitivo absoluto, sino que confiere al educador la atribución discrecional de habilitar el empleo de los teléfonos cuando medien objetivos didácticos y pedagógicos que así lo justifiquen.

En ese sentido, el legislador Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) puntualizó que la norma provee al andamiaje escolar de “una herramienta legislativa para que pueda hacer algo respecto de la utilización de la telefonía móvil”.

A su turno, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) manifestó su expectativa de que la sanción sirva como un elemento de reflexión y exhortación hacia el entorno familiar, entendiendo que el período de tiempo que los alumnos permanecen fuera de la órbita escolar “también merece, por parte de la institución familiar, el mismo control y la misma responsabilidad”.

En términos estadísticos, la diputada Andrea Toro (Pich) incorporó al debate los indicadores producidos por el Observatorio Argentinos por la Educación: los relevamientos del ciclo 2024 expusieron que el 37,6% de la población estudiantil a nivel nacional mantenía activadas las alertas de sonido y notificaciones de sus terminales durante las horas de cátedra, mientras que uno de cada tres educandos permanecía con el teléfono en operaciones dentro del salón, bajo condiciones de estimulación cognitiva permanente.

El escenario de regulación internacional y las recomendaciones del organismo multilateral

Un informe de carácter regional producido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con la autoría técnica de la doctora en Comunicación Roxana Morduchowicz, examinó las estrategias de control sobre los teléfonos celulares en las aulas de 12 estados de la región latinoamericana, determinando que el modelo predominante a escala global es el de la restricción atenuada o parcial, descartando los enfoques de prohibición total.

Dentro de dicho universo, únicamente cuatro países —Brasil, Chile, Colombia y Paraguay— han promulgado leyes de alcance nacional y aplicación generalizada, mientras que la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos han avanzado por intermedio de regulaciones dictadas por sus estados subnacionales. De este modo, se constata que al menos 11 jurisdicciones de la Argentina cuentan con leyes o resoluciones específicas, las cuales presentan matices y variaciones según el trayecto educativo y las facultades delegadas.

El documento técnico emitido por la Unesco previene de igual modo que la sola restricción en el ingreso de los dispositivos electrónicos no disuelve problemáticas complejas tales como el ciberacoso, los fenómenos de desinformación masiva o el acceso a contenidos potencialmente perjudiciales para los menores. “Ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a estas situaciones”, asevera el informe.

Por tales motivos, el organismo multilateral aconseja que las normativas de limitación física sean complementadas de forma obligatoria con programas de formación en ciudadanía digital, con el propósito de dotar a los estudiantes de herramientas que promuevan un uso analítico, crítico y reflexivo de las tecnologías disponibles, en lugar de reducir el debate a la mera exclusión del hardware en el espacio áulico.