La jornada parlamentaria quedó fijada para el martes 23 de junio. El jefe de Gabinete remitió su declaración jurada e incorporó activos que superan los 500 mil dólares, argumentando que se trataba de “ahorros en negro” que posteriormente destinó a la compra de criptomonedas.

A menos de un mes de que la oposición impulsara dos llamados que resultaron infructuosos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el fin de que rindiera cuentas ante el Congreso sobre la evolución de su patrimonio, la situación tomó un nuevo rumbo. Ambos procesos previos naufragaron debido a la falta de consensos políticos; sin embargo, tras la reciente entrega de la declaración jurada por parte del funcionario, diversos sectores opositores se muestran optimistas al considerar que “cambiaron las condiciones”, lo que podría empujar a ciertos bloques aliados del oficialismo a tomar distancia.

En este contexto, las bancadas opositoras formalizaron la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo martes 23 de junio. El orden del día previsto incluirá el tratamiento de seis solicitudes de interpelación que poseen el potencial de derivar en un voto de censura. Dicho instrumento constitucional le confiere al Poder Legislativo la atribución de remover de su cargo al ministro coordinador, siempre que se alcance la mayoría absoluta en ambas cámaras. Este mecanismo puede tener su origen tanto en el Senado como en la Cámara Baja y se pone en marcha cuando se determina que el jefe de Gabinete incurrió en actos, omisiones o comportamientos que afecten de forma directa su responsabilidad política ante el Parlamento.

La última solicitud para promover la moción de censura fue ingresada este mismo jueves por el legislador radical disidente Pablo Juliano, integrante del bloque Provincias Unidas, pocas horas después de que salieran a la luz los detalles del documento patrimonial presentado por Adorni.

“El Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los fundamentos sobre los cuales descansa la confianza ciudadana en las instituciones”, argumentó Juliano respecto de las contradicciones detectadas en la información que el funcionario suministró ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Por su parte, un diputado perteneciente a los espacios que habitualmente acompañan al Gobierno reconoció la complejidad del escenario: “Acá el problema es que Adorni nos mintió en la cara”, al tiempo que advirtió que su bloque analiza la posibilidad de alejarse de las posiciones del oficialismo. Cabe recordar que, en su más reciente informe de gestión, el jefe de Gabinete reservó un fragmento de su alocución para dar réplica a los cuestionamientos orientados hacia sus bienes.

“Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, había manifestado Adorni desde el estrado de la Cámara de Diputados.

A pesar de aquellas afirmaciones, en el día de ayer el jefe de Gabinete sumó a su presentación patrimonial una serie de activos que omitió en las oportunidades anteriores. Entre estos fondos se destacan 300.000 dólares derivados de operaciones financieras realizadas con Bitcoin entre los años 2013 y 2018. De acuerdo con lo especificado, tales dividendos se habrían generado a partir de un capital inicial de 200 mil dólares.

El rol de los gobernadores y las posturas de los bloques aliados

Al igual que ocurrió en las dos intentonas previas que no prosperaron, la definición de la controversia quedará supeditada a la postura que adopten los mandatarios provinciales de diálogo habitual con la Casa Rosada. “El gobierno tiene una mayoría muy firme”, admitían desde las propias filas de la oposición.

No obstante, otros referentes parlamentarios evaluaban que las inconsistencias detectadas en los bienes de Adorni revisten la gravedad suficiente como para forzar un cambio de postura en los aliados recurrentes. Entre ellos se menciona a los legisladores de la provincia de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora, cuya relación con el Poder Ejecutivo nacional atraviesa un período complejo luego de que se otorgara media sanción al proyecto para derogar el régimen de Zonas Frías. Como muestra de este distanciamiento, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez se diferenció del oficialismo al estampar su firma en el pedido de sesión especial. “Lo de Patricia Bullrich fue muy fuerte, ya es una señal”, subrayaron diversos sectores en alusión a las severas objeciones manifestadas por la senadora oficialista, quien se convirtió en la primera figura de su espacio en diferenciarse públicamente del funcionario.

Posteriormente, el partido PRO dio a conocer un pronunciamiento de carácter oficial en el cual tipificó las omisiones de Adorni como “una falta grave”. En el texto señalaron: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

“No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, concluyó el comunicado de la fuerza política.

Obstáculos reglamentarios y la estrategia del oficialismo

A pesar de la envergadura del llamado opositor, el procedimiento no implica una amenaza inminente para la continuidad del jefe de Gabinete en su cargo, debido a que las iniciativas orientadas a consolidar la moción de censura carecen de dictamen de comisión. Por este motivo, el bloque opositor se verá obligado a conseguir en primera instancia una mayoría simple para aprobar un emplazamiento formal a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, con el fin de exigirles que emitan dictamen sobre las propuestas. Ambas células legislativas se encuentran bajo el control de La Libertad Avanza y, si no media dicho emplazamiento, la oposición carece de las herramientas reglamentarias para forzar el tratamiento de las solicitudes de interpelación y remoción.

Con el propósito de mitigar la tensión política y liberar de presión a las bancadas aliadas, el propio Manuel Adorni comunicó de forma anticipada que durante el transcurso del mes de julio concurrirá al Senado de la Nación para ofrecer su informe de gestión, dando cumplimiento a los preceptos dictados por la Constitución Nacional.