La administración central oficializó su retiro del proyecto de la planta de tratamiento cloacal que permanece inacabada. A partir de ahora, el gobierno local se verá forzado a tramitar fondos ante el Estado bonaerense para su finalización.

El Gobierno nacional concretó de manera formal su salida del proyecto de ampliación correspondiente a la planta depuradora de residuos cloacales de Saladillo. Esta obra, catalogada como de vital importancia para el municipio, quedó interrumpida cuando restaba ejecutar apenas un 20% del total de las tareas, como consecuencia directa de la suspensión de la obra pública establecida por la gestión de Javier Milei.

Tras un período de dos años y medio caracterizado por marchas y contramarchas, la intendencia logró suscribir un acta acuerdo de desvinculación con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Con este paso administrativo cumplido, el municipio concentra sus esfuerzos en obtener el respaldo financiero de la Provincia de Buenos Aires para lograr la conclusión de los trabajos.

Esta resolución confirma que la gestión de Javier Milei no destinará partidas presupuestarias para culminar una infraestructura que resulta clave para el desarrollo urbano y el correcto procesamiento de los efluentes locales. Lejos de ello, las pautas fijadas en el documento rubricado determinan que recaerá sobre el propio municipio la responsabilidad de efectuar las tramitaciones pertinentes para hallar una nueva vía de financiamiento.

La confirmación del panorama estuvo a cargo de Yamila Artigas, quien se desempeña como subsecretaria de Legal y Técnica de la comuna, en el marco de una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el jefe comunal de extracción radical, José Luis Salomón.

La funcionaria especificó que la ruptura del lazo contractual con la Nación se erigía como un requisito de cumplimiento obligatorio —ante la determinación de la administración libertaria de no dar continuidad a las tareas— para poder viabilizar y destrabar la ejecución del proyecto a través de otros canales alternativos.

Una administración local carente de fondos para absorber los costos de la infraestructura

Artigas puntualizó que la propuesta inicial emanada desde las autoridades nacionales pretendía que el municipio asumiera los costos del tramo final de la obra. Sin embargo, dicha opción fue descartada de plano por las autoridades locales al considerarla impracticable debido a la magnitud de las erogaciones económicas requeridas.

“Para poder buscar financiamiento a través del Gobierno de la Provincia debíamos desvincularla y que la obra quede libre para poder, en todo caso, licitarla por medio de la Provincia y la empresa que gane tomar la obra y terminarla”, explicitó la subsecretaria.

Asimismo, la funcionaria pormenorizó que el texto final del convenio demandó múltiples meses de tratativas complejas, a raíz de las exigencias que el Estado nacional intentaba fijar originalmente en el articulado.

“Debatimos varias cláusulas del convenio, llegando a un acuerdo finalmente el día viernes, en donde lo puntual y general es que el Municipio se compromete a realizar las gestiones que fueran necesarias para conseguir financiamiento de la Provincia de Buenos Aires o de un organismo a través del cual podamos generar un convenio para terminar la obra”, manifestó.

En definitiva, la estructura del Gobierno nacional se apartó de la planificación y delegó en las autoridades saladillenses el compromiso de rastrear los capitales que permitan el cierre definitivo de los trabajos.

El Estado provincial surge como la única salida posible

Por su parte, el intendente José Luis Salomón aclaró que desde el municipio jamás existió un rechazo a convalidar el traspaso administrativo de la planta cloacal, aunque sí marcaron fuertes discrepancias respecto a las exigencias que la Nación pretendía establecer en el proceso.

“Nosotros nunca nos negamos a firmar un convenio de traspaso de la obra ejecutada, pero sí queríamos dejar claro que no podíamos hacerlo en los términos que se estaban planteando, no solamente por responsabilidad de quien habla sino también del futuro intendente”, remarcó el mandatario comunal.

El líder político local admitió que el escenario financiero que atraviesa la administración bonaerense reviste complicaciones, si bien ponderó de manera positiva la apertura de los funcionarios provinciales para encontrar una alternativa viable.

“La Provincia hoy no está en el mejor momento económico para hacerla, pero la decisión política de la Provincia está, nos lo han manifestado tanto el propio Néstor Álvarez como el propio ministro Gabriel Katopodis”, argumentó Salomón.

El fracaso de las tratativas previas con los representantes locales de Milei

La rúbrica del actual convenio de desvinculación se concreta tras sucesivas gestiones fallidas por parte del municipio para intentar reflotar el proyecto ante las dependencias nacionales correspondientes.

En abril del año 2025, el intendente Salomón encabezó una comitiva hacia la Ciudad de Buenos Aires con el acompañamiento de referentes de la delegación local de La Libertad Avanza —la legisladora provincial Geraldine Calvella, el edil Juan Manuel Gutiérrez y el responsable de la Séptima Sección Electoral, Carlos Calvella—. En dicha oportunidad, mantuvieron una audiencia con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Bartolomé Heredia.

A pesar del perfil de los participantes en la intermediación, aquel encuentro no reportó avances de carácter concreto y las instalaciones continuaron paralizadas y sin modificaciones en su estado.

Con la desvinculación formalizada de manera definitiva, las expectativas de la comuna se concentran en que el gobierno comandado por Axel Kicillof se haga cargo del sostén económico de una obra considerada vital para la población de Saladillo. Con ese propósito en mente, una de las alternativas en evaluación consiste en abrir una instancia de renegociación con la firma constructora que venía ejecutando las tareas, evitando de este modo la necesidad de convocar a un proceso licitatorio desde cero; más aún teniendo en cuenta que la empresa posee en el lugar la totalidad de la aparatología y los sistemas informáticos de última generación que fueron importados desde Alemania específicamente para dichas labores.

La meta prioritaria de la gestión municipal pasa por impedir que una infraestructura que se halla en su etapa de culminación quede truncada definitivamente a raíz de la determinación del Gobierno nacional de desentenderse de la obra.