Desde el ámbito de la Casa Rosada se sostiene que la concurrencia a la marcha replicará los parámetros registrados en los últimos períodos anuales. Paralelamente, las autoridades minimizan la posibilidad de que la visibilidad mediática derivada del femicidio de Agostina Vega genere un impacto masivo en la dimensión de la protesta.

Análisis gubernamental sobre la convocatoria y el contexto social

A escasas jornadas de conocerse el femicidio de Agostina Vega —la adolescente de 14 años que fue asesinada y cercenada en la provincia de Córdoba—, las agrupaciones integradas en el colectivo Ni Una Menos regresarán al espacio público con el objeto de manifestarse y exigir medidas ante la violencia que padecen las mujeres y el colectivo trans por razones de género. En la fase previa al desarrollo de la jornada, representantes de la administración nacional manifestaron objeciones respecto a lo que tipifican como la “politización” de la convocatoria y, si bien admiten la gravedad institucional del crimen cordobés, prevén que el escenario no derivará en una concentración de carácter multitudinario.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que, a diferencia de ediciones precedentes que contaron con una presencia masiva de asistentes, la probabilidad de una concurrencia extraordinaria para el presente año resulta baja. Desde la perspectiva oficial, se critica la introducción de consignas de índole partidaria o económica, tales como las proclamas en contra del endeudamiento financiero, argumentando que se dirige una retórica opositora hacia una gestión que, según sus registros y pese a haber suprimido el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, exhibe una tendencia decreciente en los indicadores de femicidios. Asimismo, voceros vinculados al área judicial coincidieron en que la conceptualización de la jornada se encuentra alterada por debates ideológicos ajenos al núcleo del reclamo, lamentando que dicha dinámica opaque la gravedad del asesinato de la menor.

Desde Balcarce 50 se intenta trazar una línea divisoria entre el impacto social del crimen que conmovió a la opinión pública y el acto central programado para este miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 17 horas, cuya afluencia estiman que se ubicará por debajo de los promedios históricos. Mientras que ciertos sectores de la conducción libertaria ironizaron con el desconocimiento de la fecha de la movilización, otros integrantes del Gabinete limitaron sus expresiones a requerir que la manifestación se desenvuelva de forma estrictamente pacífica.

Evolución de los indicadores estadísticos y encuadre normativo

En el transcurso de las últimas horas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, abordó la problemática criminal surgida del caso de la adolescente cordobesa y suministró información estadística que da cuenta de una contracción en la tasa de lo que describió como “homicidios de mujeres” en comparación con el período 2024. Los datos oficiales reflejan que, sobre un universo de 279 muertes violentas de mujeres contabilizadas durante el año 2025, un total de 200 expedientes recibieron la calificación legal de femicidios. Ante la terminología empleada, asesores de la cartera de seguridad aclararon que el femicidio constituye técnicamente un tipo agravado dentro de la categoría general del homicidio.

La tipificación del calvario padecido por Agostina Vega fue calificada de “espeluznante” en el marco de una entrevista televisiva en la señal A24 conducida por el periodista Eduardo Feinmann. Ante la consulta directa sobre si el hecho encuadraba nítidamente bajo la figura de femicidio, la funcionaria prestó su conformidad a dicha premisa, aunque posteriormente remarcó la importancia de profundizar la investigación judicial para determinar las circunstancias y la verdad material de lo sucedido.

Los indicadores numéricos presentados por la ministra Monteoliva señalan que en 2024 el registro de muertes violentas de mujeres se ubicó en 312 casos, mientras que en el año 2023 la cifra había alcanzado los 380 episodios, datos que provienen del relevamiento periódico que confecciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tomando como referencia dicha base estadística, la funcionaria ponderó la tendencia a la baja, fijando que durante el año 2025 se constató la pérdida de una vida por causas de violencia de género cada 44 horas.

El debate sobre las estructuras de prevención y las políticas públicas

Más allá de las interpretaciones en torno a las variables numéricas, la discusión puso de relieve el estado actual de los organismos orientados a las políticas de género dentro del organigrama estatal. Mariela Labozzetta, responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, advirtió que las fluctuaciones estadísticas requieren ser evaluadas en series temporales prolongadas antes de dictaminar una tendencia consolidada. La fiscal recordó que los 250 casos verificados en el año 2023 representaron una suba en la comparación interanual con los períodos 2022 y 2021, que habían registrado 226 y 231 hechos respectivamente.

A través de una comunicación en su cuenta de la red social X, la titular de la UFEM sostuvo que la continuidad de las políticas públicas orientadas a la prevención y el mantenimiento de una agenda de comunicación institucional activa constituyen factores determinantes al momento de auditar las variaciones de la criminalidad femicida. Labozzetta argumentó que, por tratarse de una conducta delictiva con profundas raíces estructurales en el tejido social, las modificaciones sustanciales derivadas de las acciones del Estado suelen demandar plazos prolongados para manifestarse en una disminución constante. De modo inverso, advirtió que la parálisis o el desmantelamiento de los dispositivos de intervención pueden generar un retroceso en los objetivos de erradicación de la violencia discriminatoria hacia las mujeres.

A partir de la asunción del presidente Javier Milei, la infraestructura gubernamental experimentó una transformación profunda: el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue degradado de su rango ministerial, transfiriéndose parte de sus atribuciones a la órbita del Ministerio de Capital Humano. Posteriormente, dichas competencias se trasladaron al Ministerio de Justicia, reduciéndose la estructura al rango de Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, hasta determinarse su disolución definitiva en el transcurso del año 2024.

Competencias vigentes en materia de asistencia y proyectos legislativos

A pesar de la supresión y el achicamiento de una parte considerable de los programas, secretarías y delegaciones de despliegue territorial, determinadas funciones destinadas al soporte de las víctimas continúan operando bajo el organigrama de la cartera de Justicia. En dicho ámbito se encuentra constituida la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, de la cual depende jerárquicamente la Dirección Nacional de Atención Integral a las Víctimas y Acceso a la Justicia, abocada a articular las tareas de asistencia, el monitoreo de las causas judiciales, la intervención de emergencia y el acompañamiento en territorio de las personas afectadas.

De igual forma, en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos se mantienen en funcionamiento la Dirección Nacional de Protección y Asistencia y la Dirección de Protección e Igualdad, junto con las unidades especializadas en la asistencia y recomposición de derechos para las víctimas del delito de trata de personas. En el esquema actual, no se registran dependencias que repliquen las funciones de diseño e implementación de políticas globales de género, diversidad o formación obligatoria para el personal de la administración pública.

La movilización de esta jornada coincide temporalmente con la intención del bloque oficialista de dar impulso a una iniciativa legislativa elaborada por la senadora Carolina Losada. El proyecto de ley propone un endurecimiento de las escalas penales para quienes incurran en las figuras delictivas de “falsa denuncia” y “falso testimonio”. En contraposición a los fundamentos de dicha propuesta, un relevamiento estadístico difundido por la organización Amnistía Internacional señala que las denuncias de carácter apócrifo representan únicamente el 0,09% sobre un universo superior a los 8 millones de expedientes judiciales evaluados entre los años 2023 y 2025. El documento de la entidad internacional concluye que la problemática principal radica en la baja tasa de judicialización, reflejando que solo el 10% de las mujeres víctimas de agresiones sexuales formaliza la denuncia pertinente, mientras que en los casos que culminaron en femicidios, solo el 18% de las damnificadas contaba con presentaciones judiciales previas contra sus agresores.