El máximo tribunal nacional reclamó el expediente completo y resolverá la controversia originada por la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia provincial. La reforma, impulsada por la nueva gestión, desplazó la mayoría que sostenían los magistrados nombrados durante el ciclo kirchnerista.

La batalla por la conducción del Poder Judicial en Santa Cruz ha llegado al estrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país decidió intervenir en el choque institucional provocado por la modificación de la estructura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) santacruceño. En una medida de carácter urgente, la Corte solicitó la remisión de todas las actuaciones y el expediente íntegro, señalando que se dispone a examinar el núcleo del pleito que enfrenta al mandatario provincial, Claudio Vidal, con los jueces y sectores políticos enrolados en el kirchnerismo regional.

Este paso de la justicia nacional es el corolario de meses de una fricción constante. Tras asumir en 2023, Vidal promovió una normativa para elevar de cinco a nueve el número de integrantes del TSJ, iniciativa que obtuvo el visto bueno de la Legislatura de Santa Cruz. Gracias al respaldo de la mayoría oficialista, el Ejecutivo logró incorporar nuevos vocales, lo que diluyó el poder de los jueces que habían sido designados durante los 32 años de predominio kirchnerista. La reacción no tardó en llegar: el sector judicial afectado, con el apoyo de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz, judicializó la reforma bajo denuncias de irregularidades y planteos de inconstitucionalidad.

La crisis institucional escaló a un punto de no retorno cuando el TSJ, todavía con su integración previa, dictó la inconstitucionalidad de la ley de ampliación. Simultáneamente, los jueces recién nombrados y los funcionarios afines a Vidal intentaron anular dicho fallo mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación. En el proceso, el gremio judicial intentó apartar a los ministros del máximo tribunal nacional mediante una recusación, pero la Corte desestimó el pedido por considerarlo carente de fundamentos y presentado fuera de término.

Desde la Corte Suprema se aclaró que los motivos esgrimidos por el gremio no encuadran en las causales legales para la separación de magistrados establecidas en el Código Procesal. Bajo esta premisa, el tribunal nacional exigió la entrega inmediata de toda la documentación, incluyendo la sentencia definitiva de diciembre de 2025, los incidentes cautelares, las actas de designación y juramento de los nuevos integrantes, así como cualquier otra información de causas conexas.

Para el gobierno de Vidal, este movimiento de la Corte representa un cambio de escenario favorable, ya que el tribunal nacional se abocará a estudiar la legitimidad de la ampliación del TSJ, punto donde se concentra la resistencia de quienes defienden la conformación anterior del cuerpo.

La disputa entre Vidal y el kirchnerismo por la hegemonía judicial se inscribe en el histórico enfrentamiento político de la provincia. El actual gobernador ha denunciado reiteradamente que la justicia local fue capturada por tres décadas de administraciones kirchneristas, llegando a describir a Santa Cruz como «el último refugio» de dicho espacio político. En este sentido, justificó la ampliación del máximo tribunal provincial como el puntapié inicial de una estrategia para «despolitizar» los tribunales y restituir su independencia operativa.

En la vereda opuesta, los sectores kirchneristas sostienen que la ley de Vidal se aprobó mediante mecanismos espurios. Denuncian que no se alcanzaron las mayorías especiales requeridas, que se omitieron las audiencias públicas para evaluar la idoneidad de los nuevos magistrados y que se aplicó un trámite exprés que vulneró tanto el reglamento parlamentario como las normas judiciales vigentes.

Este sismo institucional ha generado una fractura interna irreversible en el TSJ. La asunción de los nuevos vocales, junto al respaldo de Daniel Mariani (integrante de la composición previa), permitió que este último fuera designado presidente del tribunal. Sin embargo, la presidenta saliente, Reneé Fernández, y otros magistrados históricos impugnaron la jura y la validez de la nueva mayoría, desatando una acefalía fáctica y un conflicto administrativo inédito. De hecho, en el portal web oficial del Poder Judicial de Santa Cruz, Fernández continuó figurando como titular de la institución, exponiendo la magnitud del quiebre.

Si bien la Corte Suprema nacional no ha fijado una fecha límite para emitir su fallo, la celeridad con la que solicitó las actuaciones al TSJ se interpreta como una señal de que el máximo tribunal busca una resolución pronta para normalizar la situación institucional en la provincia.