Un exhaustivo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha denunciado que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela han incurrido en crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos a lo largo de más de una década. El documento, de 123 páginas publicado este jueves, responsabiliza a altos funcionarios y militares por implementar una política de represión y violencia sistemática.
La investigación concluye que miembros de la GNB perpetraron o contribuyeron directamente a la comisión de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de actos de violencia sexual o de género. Estas acciones ocurrieron tanto en el contexto de la represión de protestas masivas (registradas en 2014, 2017, 2019 y 2024) como en operaciones de persecución política selectiva.
El informe detalla el uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el empleo indebido de armas, algunas de carácter letal. La misión encontró motivos razonables para creer que funcionarios de este cuerpo dispararon armas de fuego de forma indiscriminada y directamente a zonas vitales de los cuerpos de las víctimas. Adicionalmente, se denunciaron prácticas como la modificación de proyectiles para causar mayor daño, detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencias, torturas, malos tratos y violencia sexual en centros de detención transitoria.
El entorno de impunidad prolongada ha facilitado estos crímenes. La militarización de la seguridad ciudadana, legitimada por la fusión de funciones militares y policiales en la GNB, ha ampliado el papel de este cuerpo en el control social y la represión interna. Esta situación se vio impulsada por una cadena de mando altamente centralizada bajo la dirección del dictador Nicolás Maduro, quien ejerce como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sin contrapesos efectivos para la rendición de cuentas.
La GNB fue considerada un actor determinante en la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución con motivos políticos. Según datos de la sociedad civil citados en el documento, la Guardia Nacional ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020, jugando un papel clave en la captura y criminalización de opositores después de las elecciones de 2024.
Respecto a la responsabilidad penal, la misión señala que tanto funcionarios de la GNB como altos mandos militares y políticos podrían ser responsables ante la justicia internacional, en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional (CPI). La Misión, creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, concluyó su mandato el 31 de octubre con un equipo integrado por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
La publicación de este informe se produce en un momento de especial atención internacional sobre Venezuela, coincidiendo con la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado en Oslo, galardón que fue recibido por su hija Ana Corina Sosa en ausencia de la premiada. Las conclusiones de la misión enfatizan que los abusos documentados no son hechos aislados, sino que responden a un patrón sistemático de violencia y represión diseñado para someter a las víctimas.
