El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, minimizó el impacto de la protesta en Plaza de Mayo y ratificó que el límite de fondos es una realidad técnica. Además, denunció que la marcha fue una maniobra «organizada por la oposición» y cuestionó la eficiencia del sistema académico actual.

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria, el Poder Ejecutivo fijó su postura a través de Alejandro Álvarez, quien relativizó la influencia de la presión social sobre las arcas del Estado. «Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí», sentenció el funcionario, subrayando que la disponibilidad de recursos no se altera por el volumen de una manifestación.

El conflicto legal y la fuente de financiamiento

Álvarez argumentó que la capacidad de ampliar las partidas responde estrictamente a la normativa vigente y no a la voluntad política inmediata. En ese sentido, calificó la Ley de Financiamiento Universitario como una norma «que nació muerta».

Según explicó el subsecretario, la Ley de Administración Financiera establece que cualquier ley que no especifique con precisión el origen de los fondos para su cumplimiento debe ser suspendida en el mismo acto de su promulgación. «Viola el principio presupuestario básico», afirmó, desestimando la viabilidad de la legislación reclamada por la comunidad educativa.

Marchas, política y legitimidad democrática

En declaraciones radiales, el funcionario fue tajante respecto al carácter de la protesta: «No es que estén intrusadas por la política; son políticas y están organizadas por los partidos opositores«. Como ejemplo, apuntó contra el vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, a quien describió como un «político profesional».

Álvarez remarcó que las políticas públicas son determinadas por las autoridades electas y no por la capacidad de movilización callejera. «Los legisladores y el Presidente se eligen en comicios libres, no por quién junta más gente», sostuvo, cuestionando además la contradicción de defender el ingreso irrestricto cuando instituciones como la de Torres aplican cupos mediante amparos judiciales.

Cuestionamientos a la eficiencia y el costo por graduado

El subsecretario denunció una «desvirtuación completa» del propósito de la educación superior, señalando que parte del presupuesto se desvía al sostenimiento de estructuras políticas. Asimismo, criticó la existencia de carreras con uno o dos estudiantes y una planta docente completa, citando ejemplos en áreas de música y filosofía.

Para ilustrar lo que considera una distorsión en el uso de los recursos, Álvarez aportó cifras comparativas:

• Ingeniería (UTN): Un graduado le cuesta al Estado 50 millones de pesos.
• Artes (UNA): Un egresado demanda 423 millones de pesos. «Si se reciben cinco o seis juntos, nos cuestan 4.300 millones», ejemplificó.

En este sentido, subrayó que la función principal de la universidad es «generar graduados» y no cumplir funciones de salud «infinitas» a través de hospitales escuela.

Cupos, ingreso y estudiantes extranjeros

En relación al acceso a la educación superior, Álvarez planteó la necesidad de discutir el ingreso irrestricto, argumentando que es un sistema que debe ser financiado. Valoró modelos de exámenes de ingreso obligatorio y cupos aplicados en otros países para revalorizar el esfuerzo académico.

Sobre el arancelamiento a extranjeros, sostuvo que, aunque está autorizado, las universidades no lo aplican a pesar de la alta concurrencia en ciertas carreras. Planteó que muchos cursan y regresan a sus países sin devolver la inversión al Estado: “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, expresó.

Finalmente, concluyó que la implementación de sistemas de ingreso selectivo es fundamental para cambiar la lógica del «derecho absoluto» por una basada en la exigencia y el mérito.