La Libertad Avanza (LLA) concluyó este viernes el período de sesiones extraordinarias con un triunfo legislativo estratégico. El Senado sancionó la Ley de Reforma Laboral tras avalar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, las cuales eliminaron el polémico artículo que pretendía reducir las licencias médicas pagas. La iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor —aportados por el oficialismo, el PRO, la UCR y sectores dialoguistas— frente a 28 votos en contra y dos abstenciones de los senadores santacruceños.

El camino hacia la sanción definitiva incluyó diversas negociaciones que moderaron el proyecto original. Entre los puntos clave, se eliminó el alivio en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, se establecieron topes más bajos para los aportes sindicales obligatorios y se mantuvo el 6% destinado a las obras sociales. Asimismo, el oficialismo logró incluir como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una jugada que, pese a las críticas por su falta de estado parlamentario previo, avanzó sin resistencia efectiva de la oposición.

Los cambios de último momento y el debate en el recinto

La versión final ratificada por el Senado descartó el recorte en las licencias por enfermedad o accidente inculpable. El texto original de la Casa Rosada proponía reducir la remuneración al 50% si la afección derivaba de una actividad voluntaria (como un deporte) y al 75% en casos involuntarios, además de acortar los plazos de cobertura. Al aceptar la revisión de Diputados, se mantuvo el esquema de protección vigente.

Durante el debate, el senador libertario Juan Cruz Godoy justificó la reforma señalando que, mientras el empleo formal privado está estancado desde 2012, la litigiosidad laboral creció un 135% en el mismo período. Desde la oposición, Mariano Recalde advirtió que la norma viola principios constitucionales y tratados internacionales, lo que podría generar una nueva ola de juicios. Por su parte, el peronista Pablo Bensusán y la senadora Florencia López criticaron la «regresividad» de la ley, acusando al Gobierno de utilizar la creación de empleo como «excusa» para eliminar derechos adquiridos.

El cierre estuvo marcado por fuertes cruces. José Mayans calificó la reforma como un «robo a los trabajadores» y cuestionó la limitación del derecho a huelga. En respuesta, la senadora Bullrich defendió la iniciativa asegurando que busca «desmontar la mentira de que destruir empleo es defender derechos» y criticó la estructura sindical por su histórica connivencia con los gobiernos peronistas.

Puntos centrales de la nueva normativa laboral

• Convenios y Ultraactividad: Se priorizan los acuerdos por empresa sobre los sectoriales y se elimina la prórroga automática de convenios vencidos (ultraactividad) si no hay un nuevo acuerdo.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un sistema de capitalización para indemnizaciones financiado por contribuciones mensuales obligatorias (1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs), lo que genera dudas sobre el futuro financiamiento del sistema previsional (SIPA).
• Indemnizaciones por Despido: Se mantiene el cálculo de un mes de sueldo por año de servicio, pero se excluyen del cómputo el aguinaldo y premios extraordinarios. Además, se habilita el pago de indemnizaciones judiciales en hasta 6 cuotas para grandes empresas y 12 para PyMEs.
• Jornada y Banco de Horas: Se permite acordar por escrito la compensación de horas extras con un límite de 12 horas diarias, respetando los descansos legales. El sistema posibilita promediar la jornada semanal para otorgar francos compensatorios.
• Servicios Esenciales y Huelga: Se endurecen las condiciones para las medidas de fuerza. Los servicios esenciales (incluyendo la educación) deberán garantizar el 75% de prestación, y los «trascendentales» el 50%. Las asambleas en lugares de trabajo requerirán autorización del empleador.
• Nuevas Figuras y Blanqueo: Se crea la categoría de «repartidor independiente» para trabajadores de plataformas, estableciendo que su vínculo es un contrato de servicio y no una relación laboral. En paralelo, se lanza un blanqueo con condonación de hasta el 70% de deudas sociales y beneficios en cargas patronales para nuevos empleos registrados.