En una medida de alto impacto para el sector del transporte automotor, la Secretaría de Transporte —dependiente del Ministerio de Economía— resolvió suspender temporalmente el giro de compensaciones económicas a aquellas empresas en las que se identificaron irregularidades. Esta decisión se produce apenas días después de la dimisión de Luis Pierrini y se da en el marco de una fiscalización exhaustiva del sistema de transporte público.

La resolución, oficializada tras un encuentro con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA, establece que el bloqueo de fondos será de carácter transitorio. La liberación de estos recursos quedará supeditada a los resultados de las verificaciones técnicas que los equipos del Ministerio de Economía realicen en cada caso particular para esclarecer las inconsistencias detectadas.

Desde la Secretaría subrayaron que esta acción forma parte de un proceso de revisión integral del esquema de compensaciones, con el fin de asegurar que el erario público se asigne estrictamente bajo las normativas vigentes.

Como parte de esta ofensiva de control, el Gobierno instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios para iniciar de inmediato un peritaje integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos de toda la red. A diferencia de controles previos, esta auditoría no se limitará a las empresas denunciadas, sino que abarcará a la totalidad del parque automotor.

Para garantizar la precisión de los datos, el proceso se nutrirá de diversas fuentes y organismos:

• Nación Servicios S.A.: Aportará la información digital del sistema de pago.
• CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte): Realizará fiscalizaciones prácticas y presenciales directamente sobre las unidades de colectivo.
• Análisis de parámetros: Se revisarán los algoritmos y datos operativos que definen el cálculo de los subsidios.

La implementación de estas medidas fue comunicada formalmente a los representantes del sector por el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann. Durante el encuentro con los empresarios, los funcionarios ratificaron la decisión política de auditar cada eslabón de la distribución de subsidios.

El propósito central de esta intervención es implementar correcciones estructurales que impidan la repetición de anomalías en el futuro. Según el comunicado oficial, la retención de fondos funciona como una medida preventiva cuya continuidad dependerá exclusivamente de lo que arrojen los informes técnicos y los controles en territorio. Con este esquema, el Gobierno busca transparentar el funcionamiento del transporte urbano en el AMBA y optimizar la asignación de los recursos destinados al sostenimiento del servicio.