El oficialismo aceptó retirar el capítulo sobre el Renabap a pedido de sus aliados, aunque resta la validación de la Casa Rosada. En paralelo, persiste la incertidumbre sobre los límites a la venta de tierras a extranjeros y crece la duda: ¿cederán esta potestad a los gobernadores a cambio de gobernabilidad?

Tras la masiva presentación de proyectos de ley por parte del bloque libertario en el Senado, el oficialismo ha iniciado una revisión minuciosa de los textos. En los últimos días, se han observado señales de flexibilización hacia los sectores aliados para intentar destrabar acuerdos. El proyecto que busca blindar la “propiedad privada” parece ser el que más ha avanzado, en contraste con la reforma electoral —centrada en la eliminación de las PASO— y la nueva normativa sobre discapacidad, que permanecen paralizadas y sin debate en comisiones, ignorando incluso la insistencia previa del Congreso sancionada por mayorías especiales.

En lo que respecta a la propiedad privada, el capítulo destinado a ser suprimido es el del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Esta iniciativa de regularización dominial, impulsada originalmente por la gestión macrista de Carolina Stanley y respaldada por dirigentes sociales como Juan Grabois, fue en su momento celebrada como un hito de consenso político. Sin embargo, la promesa actual en el Senado es abordar esta problemática de manera aislada y en un futuro indeterminado.

A pesar de haber formado parte de la gestión de Cambiemos, el hoy ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fustigó duramente al Renabap el pasado 8 de abril durante un plenario de comisiones. Ante los senadores Nadia Márquez (Neuquén) y Agustín Coto (Tierra del Fuego), referentes de La Libertad Avanza, Sturzenegger calificó a la norma como un fracaso rotundo.

«En diez años solo se ha resuelto el 0,08% de los casos. A este ritmo, necesitaríamos 12.500 años para concluir el proceso», sentenció el ministro. Según su visión, la pretensión de solucionar la precariedad habitacional de todo el país desde una oficina en Buenos Aires resultó ser una imposibilidad técnica que terminó bloqueando herramientas más efectivas. No obstante, en el trasfondo de esta discusión subyacen intereses económicos de gran escala.

Resulta paradójica la resistencia de los sectores dialoguistas en este punto. Mientras que en otros debates, como el de la Ley de Glaciares, se defendió la autonomía de las provincias sobre sus recursos —según el artículo 124 constitucional—, en este caso sugieren que la gestión de los barrios populares permanezca bajo la órbita nacional, a pesar de que el Gobierno desea transferir la responsabilidad a municipios y provincias sin aclarar el destino de los fondos asignados.

En el plenario también intervino el Arzobispo de La Plata y titular de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, quien abogó por no modificar el ReNaBaP. «Hablamos de 6.467 barrios populares donde habitan cinco millones de personas», advirtió. Carrara recordó el financiamiento asociado a tributos como el Impuesto PAIS y el aporte de las grandes fortunas —ambos rechazados por la actual administración—, e invocó el lema del Papa Francisco: «tierra, techo y trabajo».

Por otro lado, la estrategia para resolver el conflicto por la venta de tierras a extranjeros es igualmente llamativa. Ante la falta de acuerdo sobre un porcentaje o límite nacional, la postura que gana terreno es delegar la decisión final en cada gobernador.

Esta tendencia de los mandatarios provinciales a recurrir a la Nación en tiempos de crisis, pero reclamar soberanía absoluta cuando hay recursos en juego, ha sido una constante tanto en la era Macri como en la actual gestión de Javier Milei, tras un largo silencio durante los años kirchneristas. Este comportamiento pendular explica parte del desencanto del electorado, que se vuelve más evidente ante el severo ajuste fiscal vigente.

Finalmente, las reformas en materia electoral y de discapacidad permanecen en estado latente. Solo el proyecto de salud mental parece mostrar alguna posibilidad de consenso, aunque la oposición ha solicitado la presencia de más expositores. Mientras tanto, los libertarios buscan acelerar el dictamen sobre propiedad privada con el objetivo de sesionar el próximo 14 de mayo, aunque la confirmación de la fecha aún depende de la conformación final de la agenda parlamentaria.