Actualmente, el volumen de personas con compromisos financieros impagos alcanza los 20,5 millones, abarcando deudas con bancos, fintech, tarjetas de consumo y plataformas digitales. Ante una morosidad en ascenso, un proyecto en la Legislatura bonaerense busca establecer mecanismos de reestructuración de pasivos antes de llegar a los tribunales.

Un reciente relevamiento del Banco de la Provincia de Buenos Aires encendió las alarmas: 20,5 millones de personas mantienen deudas con diversas entidades (bancos, plataformas digitales y tarjetas de supermercados), lo que representa un incremento del 8% en comparación con las cifras de finales de 2024. En respuesta a este panorama, la diputada provincial Ana Balor (Unión por la Patria) presentó una iniciativa para reformar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. El proyecto busca legalizar el concepto de “sobreendeudamiento” y crear una instancia de mediación prejudicial.

El expediente D 1748/25-26, que ingresó a la Cámara de Diputados en agosto de 2025, aguarda tratamiento en las comisiones de Derecho del Consumidor, Asuntos Municipales y Legislación General. En declaraciones a El Destape, Balor explicó el trasfondo de la medida: “Es una problemática que detectamos en el territorio hace meses. Los vecinos nos relatan un círculo vicioso: contraen una deuda para intentar cubrir otra previa, mientras los intereses se vuelven impagables”.

El mapa del endeudamiento: alimentos y servicios

La legisladora subrayó la vulnerabilidad de los tomadores de crédito, destacando que el destino de estos fondos es crítico: “Existe una asimetría total entre el acreedor y el deudor. Lo más alarmante es que estos préstamos se solicitan para cubrir necesidades básicas como servicios públicos y alimentos”, advirtió.

Los datos del informe revelan un cambio en la composición del mercado: mientras que los deudores bancarios tradicionales cayeron un 4% (400.000 personas menos), quienes deben exclusivamente a entidades no financieras treparon un 18% (un alza de 700.000 personas). Por ello, la normativa propone un protocolo administrativo específico y otorga facultades a la Justicia de Faltas municipal para intervenir en el proceso.

El plan de alivio: suspensión de juicios por 90 días

Uno de los puntos centrales del proyecto es que, al iniciarse el reclamo administrativo por sobreendeudamiento, se suspendan automáticamente los procesos judiciales de cobro por un plazo de 90 días hábiles. Este paréntesis busca evitar que la mora continúe escalando y permitir que las partes acuerden un plan de pagos viable que garantice la cancelación total de la deuda.

Para acceder a este beneficio, el afectado deberá acreditar:

• La relación de consumo con el acreedor.
• Su situación patrimonial actual.
• El estado de sobreendeudamiento mediante documentación respaldatoria.

Una vez presentada la solicitud, la autoridad competente tendrá cinco días hábiles para citar a las entidades acreedoras.

Educación financiera y riesgo social

Los fundamentos del proyecto alertan sobre las consecuencias de financiar consumos cotidianos. El uso de herramientas financieras para postergar el pago de necesidades básicas ha expuesto a familias con escasa formación financiera a un riesgo extremo. Según el texto, esta dinámica deriva inevitablemente en un recorte del consumo y la caída de las ventas, dejando a los hogares a merced de cualquier imprevisto que los empuje a la cesación de pagos definitiva.