El oficialismo está ultimando los detalles de su estrategia parlamentaria con el objetivo de iniciar un maratón de sesiones extraordinarias. Al mismo tiempo, el Gobierno evalúa la posibilidad de realizar una cadena nacional el 10 de diciembre, con motivo de cumplirse sus dos años de gestión. Tras la finalización de la jura de los nuevos legisladores, el Gobierno avanza con su plan de implementar las reformas impositiva, fiscal y laboral, además de la discusión del Presupuesto 2026. Fuentes de Casa Rosada confirmaron que este viernes se firmará el llamado a sesiones extraordinarias. Aún queda por definirse si el inicio de este período será el 10 o el 11 de diciembre. Este llamado, se enmarca en un mes de diciembre que se perfila como políticamente intenso, aunque, por el momento, sin una conflictividad social relevante para el oficialismo, que la próxima semana alcanzará su segundo aniversario en el poder.

En la jornada del miércoles, antes de dirigirse al Congreso para presenciar la jura de los nuevos diputados, Milei sostuvo un encuentro en la Residencia de Olivos con su asesor Santiago Caputo. En dicha reunión, ambos abordaron el temario que se presentará en las extraordinarias y las reformas que se proyectan para esta segunda etapa del mandato libertario.

Hace pocos días, los equipos técnicos del Ejecutivo dieron por finalizada la versión definitiva de la reforma laboral. El Gobierno busca garantizar que este proyecto sea elevado al Congreso sin interferencias y con una sólida cohesión interna dentro de su propio espacio, a pesar de las resistencias manifestadas por el sector sindical.

La reforma laboral, que enfrenta la oposición de las centrales obreras, es considerada la apuesta más ambiciosa del Gobierno para este verano legislativo. Con el período de extraordinarias programado entre el 10 y el 31 de diciembre, el oficialismo confía en que la primera minoría que acaba de consolidar en el Congreso será suficiente para impulsar la discusión. Esta expectativa no es ingenua, ya que, si bien son conscientes de que no obtendrán acompañamientos masivos, también saben que el actual clima social juega temporalmente a su favor.

Desde la CGT, Gerardo Martínez ha vuelto a manifestar que el proyecto propuesto «recorta derechos históricos» y que la modernización que impulsa Casa Rosada avanza sobre garantías fundamentales. Sin embargo, el Gobierno parece tener la firme determinación de evitar cualquier tipo de negociación que implique alterar los aspectos centrales del texto. En los pasillos de Casa Rosada se aclara, además, que la opinión de los miembros del Consejo de Mayo «no es vinculante» para la toma de decisiones.

La reforma laboral incluye la previsión de cambios sensibles en áreas como licencias, vacaciones, jornadas laborales, convenios colectivos y mecanismos de contratación. Para el oficialismo, esta representa un giro estructural que consideran imprescindible; para el sindicalismo, se trata de una reforma regresiva presentada bajo un envoltorio de modernidad. Por otro lado, el sector empresario la ve como una oportunidad inédita para reducir costos operativos y flexibilizar procesos que, según sus argumentos, actualmente obstaculizan la inversión.