Durante lo que va del año, el poder adquisitivo de la población viene perdiendo la carrera frente al incremento de precios. Revertir de forma urgente esta tendencia resulta vital para consolidar las aspiraciones electorales del oficialismo. En este escenario, se analiza además por qué el riesgo país encuentra tantas trabas para perforar la barrera de las 500 unidades.

Luego de una espera de diez meses, finalmente se registró la tan ansiada desaceleración inflacionaria. Aunque el 2,6% registrado en abril no da margen para celebraciones desmedidas, sirvió al menos para interrumpir una racha de diez meses consecutivos en alza. Las proyecciones para mayo son optimistas y anticipan un índice más próximo al 2%. Sin embargo, quebrar dicho piso representa un desafío complejo que podría demandar algunos meses adicionales de espera.

Ante esta realidad, el propio Javier Milei se vio obligado a revisar sus propias metas. Aquel objetivo inicial de ubicar la inflación mensual en el «cero y pico» para agosto debió postergarse hacia mediados del año próximo, e incluso bajo ese nuevo cronograma se percibe como una meta difícil de alcanzar.

Disminuir la inflación se mantiene en la cima de las prioridades de la gestión gubernamental, ya que constituye su principal argumento para llegar con fortaleza a los comicios del próximo año, aun cuando persisten dudas sobre si esto resultará suficiente.

De hecho, los relevamientos de opinión pública coinciden en que tanto la aprobación del Gobierno como la imagen del Presidente experimentaron un marcado deterioro en los últimos meses. Las demandas de la sociedad cambiaron de eje: el combate contra el alza de precios cedió el primer puesto ante nuevas alarmas, tales como el temor a perder el puesto de trabajo y, fundamentalmente, la preocupación por salarios que resultan insuficientes.

Las premisas innegociables

Para el líder del Ejecutivo, la estabilidad macroeconómica es un pilar sagrado. En reiteradas ocasiones ratificó que prefiere afrontar las peores consecuencias antes que resignar el equilibrio de las cuentas públicas. Cortar de raíz la emisión de moneda destinada a financiar el Tesoro funciona como la piedra angular de la estrategia económica actual.

Bajo este enfoque, el freno a la inflación es la herramienta que teóricamente debería impulsar la recuperación de los ingresos, tanto dentro del empleo registrado como en el sector informal. La premisa se apoya en la idea de que a menor inflación corresponden mejores salarios, aunque todavía es una incógnita si este fenómeno llegará a materializarse en el corto plazo.

Lo que queda en claro en esta etapa es la total exclusión de medidas de corte populista o incentivos al consumo que comprometan el frente fiscal. Quedaron descartados los atajos tradicionales como la emisión desmedida para simular prosperidad o la reactivación de la obra pública con el fin de dinamizar el mercado laboral.

Frente a esto, una de las alternativas más viables consiste en activar definitivamente el plan de remonetización económica que el equipo de finanzas delineó hacia fines del año pasado. El concepto central de la denominada «fase 4» del programa monetario apunta a que la moneda nacional emitida por el Banco Central para adquirir divisas no sea absorbida posteriormente, sirviendo así como un combustible para el aparato productivo. No obstante, este mecanismo todavía no se puso en marcha.

Compra de divisas y evolución de la base monetaria

A lo largo del año, la autoridad monetaria acumuló compras por USD 8.000 millones; sin embargo, la base monetaria registró una contracción nominal del 5%. Paralelamente, el Tesoro continúa absorbiendo fondos en las licitaciones de deuda por encima de los vencimientos vigentes. La prioridad absoluta se centró en sostener la restricción monetaria para blindar los precios y conservar la calma en el mercado cambiario.

En el escenario más optimista, aun con la puesta en marcha de la expansión monetaria, la recomposición de los salarios se perfila lenta. Las compañías operan con extrema prudencia en un entorno que les exige máxima eficiencia para sobrevivir. Factores como la apertura del comercio exterior, la intensificación de la competencia, la elevada presión impositiva y la apreciación del tipo de cambio obligan a mantener una gran moderación en materia salarial.

A pesar de la parálisis que exhibe el consumo doméstico, la actividad económica se encamina a registrar una expansión cercana al 3%. El inconveniente radica en que este crecimiento está motorizado por sectores de bajo impacto en la creación de empleo directo, como el agropecuario, el energético y la minería. Queda por ver si el impacto positivo de la gran cosecha gruesa logrará trasladarse hacia otros rubros, como el negocio inmobiliario, durante los próximos meses.

Por el lado del sector financiero, se prevé un repunte del crédito, aunque a paso lento. Las entidades bancarias se enfrentan a un incremento en los niveles de morosidad, fundamentalmente en el segmento de préstamos individuales. Si bien los bancos necesitan incrementar sus colocaciones de crédito tras varios meses de caídas en términos reales, se mostrarán sumamente selectivos al evaluar el perfil de riesgo de los tomadores de deuda.

El factor tasas, los plazos y la dolarización

Aún se aguarda una baja más pronunciada en los costos de financiamiento, especialmente para los préstamos personales y los saldos de tarjetas de crédito, cuyas tasas rondan el 100% anual a pesar de que la inflación interanual descendió al 32%. En el ámbito corporativo la realidad es diferente: el descuento de cheques avalados cotiza con tasas cercanas al 27% anual.

Bajo estas condiciones, el período disponible para lograr una reactivación palpable en la demanda interna es sumamente acotado. Lo que no se consiga activar en el transcurso de los próximos meses difícilmente ocurra en el 2027, que será un año clave en el calendario electoral.

Con respecto a esto, Carlos Melconian advirtió recientemente que el proceso de dolarización es inevitable, haciendo referencia a la tendencia de los ciudadanos a refugiarse en la divisa extranjera como mecanismo de ahorro a medida que se aproximan las elecciones presidenciales.

Durante el año pasado, en un lapso de apenas seis meses, la demanda de cobertura de los argentinos alcanzó los USD 30.000 millones previo a los comicios legislativos, haciendo necesaria una asistencia del Tesoro estadounidense para estabilizar la plaza cambiaria y contener la cotización del dólar.

No existen motivos para anticipar un comportamiento diferente del mercado de cambios para el año venidero. Ante la falta de certezas sobre el escenario electoral y con un oficialismo que podría llegar condicionado, la incertidumbre política alcanzará niveles elevados. Frente a este panorama, es previsible que la presión dolarizadora se intensifique de manera similar a lo ocurrido en 2025.

Preservar la calma cambiaria resulta clave para sostener la tendencia a la baja de los precios en el corto plazo. Hasta el momento se verificó el escenario ideal, dado que las constantes intervenciones compradoras del Banco Central no alteraron el precio de la divisa, cuya cotización en el mercado mayorista lleva meses moviéndose dentro de un estrecho margen de $1.350 a $1.400.

La gran duda se traslada al comienzo del segundo semestre, período en el cual la liquidación de divisas mermará considerablemente y pondrá a prueba la capacidad de compra de la autoridad de origen. Se presenta difícil sostener la misma inercia de la primera parte del año, caracterizada por un dólar planchado frente a una inflación que sumó un 12,3% acumulado hasta el mes de abril.

Interrogantes y horizontes políticos

El ámbito financiero expone con nitidez estos interrogantes asociados a los plazos políticos. En las operaciones de deuda de la última semana, el Bonar 2027 se colocó con una tasa de interés de apenas el 5,1%, mientras que el título con vencimiento en 2028 debió convalidar un rendimiento del 8,5%. Semejante brecha temporal de apenas doce meses se explica únicamente por la desconfianza respecto a la conducción política que estará a cargo del país en dicho período.

Esa misma prudencia explica por qué el riesgo país encuentra resistencia para ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos. Tomando en cuenta indicadores positivos como el superávit fiscal y comercial, el volumen de divisas adquirido por el Central y el saneamiento progresivo de las reservas netas, este indicador debería oscilar entre las 350 y 400 unidades.

Que esta reducción no se concrete obedece estrictamente a la extrema cautela que genera el proceso electoral venidero. Hasta que los eventuales aspirantes a la presidencia no ratifiquen de forma explícita su voluntad de honrar los compromisos de la deuda soberana, los títulos públicos locales difícilmente experimenten una revalorización de fondo.