Diversas agrupaciones sanitarias, junto a legisladores de los bloques Fuerza Patria y Provincias Unidas, han alzado su voz para exigir la reincorporación del personal médico especializado en una política pública que fue blindada por una ley que, en su momento, solo contó con el rechazo de Javier Milei y Victoria Villarruel. Tras la reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su posterior degradación a secretaría, el Poder Ejecutivo nacional ha implementado una nueva reorganización administrativa en el ámbito sanitario, afectando directamente al equipo técnico de coordinación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC).
Tanto sectores de la oposición como asociaciones médicas de prestigio denuncian que estos recortes amenazan la continuidad de una política de Estado amparada por ley, por lo que ya analizan la posibilidad de judicializar la decisión. En contraste, desde el oficialismo sostienen con firmeza que el programa permanece plenamente operativo. El PNCC fue instaurado originalmente en 2008 con la misión de incrementar las cirugías cardiovasculares pediátricas en el sistema público y agilizar las listas de espera. Para otorgarle estabilidad, en 2014 se gestó un proyecto de ley de cardiopatías congénitas que finalmente fue sancionado por el Senado el 13 de abril de 2023. Cabe destacar que, durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, solo Milei y Villarruel votaron en contra, argumentando que la normativa implicaba una injerencia estatal excesiva y un gasto público injustificado. «Se votó en contra porque suponía más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos y más gastos; eso no funciona así», puntualizó el actual mandatario en aquella oportunidad.
Transcurridos más de dos años de aquel debate, la actual administración avanzó con una reducción de la plantilla del programa, alegando que la estructura estaba sobredimensionada. Hasta fines de 2025, el PNCC contaba con trece integrantes: siete cardiólogos especializados y seis administrativos. No obstante, el pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Salud encabezado por Mario Lugones notificó formalmente la desvinculación de tres médicos. Desde la cartera sanitaria justificaron la medida en redes sociales señalando que el programa registraba un promedio de apenas 7,4 consultas diarias, lo que calificaron como un exceso de personal para la carga de trabajo real.
Sin embargo, para los profesionales del área, estos movimientos representan el primer paso hacia el desmantelamiento definitivo de la política pública. Ante la negativa oficial de reincorporar a los médicos despedidos, la mayor parte del cuerpo técnico restante optó por presentar su renuncia en solidaridad. Según confirmaron fuentes ministeriales, solo un cardiólogo del equipo original decidió permanecer en su puesto.
Bajo este nuevo esquema, el programa ha quedado reducido a la mitad de su capacidad operativa —siendo ahora mayoritariamente administrativo— y su coordinación ha sido delegada a la Dirección Médica Adjunta del Hospital Garrahan, bajo la tutela del Dr. Guillermo Moreno y su servicio de cardiología. Desde el Ministerio explicaron que esta decisión formaliza una dinámica preexistente, ya que la coordinación siempre tuvo al Garrahan como referente. Asimismo, aseguraron que en lo que va de 2026 todas las solicitudes han sido gestionadas y derivadas correctamente a través de la red de alta complejidad nacional.
A pesar de estas garantías oficiales, los impulsores de la Ley 27.713 y especialistas del sector advierten que la respuesta gubernamental es insuficiente y que la iniciativa corre serio peligro. Referentes de Fuerza Patria y Provincias Unidas —bloque que integra a la UCR, el socialismo y sectores disidentes del Pro y el peronismo— han denunciado que el Gobierno está destruyendo mediante la gestión lo que no pudo frenar en el Congreso. La diputada Cecilia Moreau enfatizó en sus redes que se está poniendo en riesgo la vida de miles de recién nacidos que requieren atención integral. En la misma línea, se analizan presentaciones judiciales para retrotraer los cambios, mientras en el ámbito legislativo ya avanzan pedidos de informes liderados por el diputado Pablo Yedlin.
Yedlin recordó que el programa asiste a más de 4.000 bebés que nacen anualmente con cardiopatías, de los cuales la mitad requiere intervenciones quirúrgicas. Por su parte, la Asociación Argentina de Salud Pública (Aasap) y la Federación Argentina de Cardiología (FAC) alertaron sobre la pérdida irremediable de la «experiencia acumulada» y los riesgos inmediatos de desarticular el equipo técnico. Ana Speranza, pediatra fundadora del PNCC, calificó la reestructuración como una medida transitoria y precaria, señalando que las funciones del equipo van mucho más allá de atender llamadas: incluyen la auditoría de centros tratantes, capacitaciones y la gestión del Registro Nacional de Cardiopatías. Speranza subrayó que cada caso es complejo y requiere resoluciones urgentes, muchas veces en menos de 48 horas.
Como respuesta a esta situación, agrupaciones médicas y familias afectadas han convocado a un banderazo nacional para el próximo 1° de febrero, con el objetivo de exigir la restitución del equipo especializado. Esta movilización en las calles podría ser el preludio de una batalla legal más amplia, similar a la emprendida recientemente por la Ley de Emergencia en Discapacidad, si el conflicto no encuentra una resolución en el corto plazo.
