Un juzgado nacional del Trabajo resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT), disponiendo la suspensión inmediata y provisoria de diversos artículos que integran la reciente reforma laboral. Esta determinación judicial se produjo en el contexto de una acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la central obrera contra el Estado Nacional, bajo el argumento de que las disposiciones de la Ley 27.802 introducen modificaciones peyorativas de carácter permanente sobre los derechos individuales y colectivos. Según la presentación gremial, la normativa afecta garantías fundamentales como la protección del trabajo, la libertad sindical y el principio de progresividad.
En los fundamentos de su resolución, el juez Raúl Ojeda consideró que se encuentran reunidos los requisitos técnicos para el dictado de la medida, al verificar una apariencia razonable del derecho invocado por los demandantes. Al respecto, el magistrado recordó que para este tipo de pronunciamientos no se exige una certeza absoluta sobre la existencia del derecho en litigio, sino la comprobación de su verosimilitud. Asimismo, el fallo ratificó que la acción colectiva impulsada por la CGT es formalmente admisible, reconociendo que la entidad sindical posee la legitimación activa necesaria para representar a los trabajadores en un planteo que involucra derechos de incidencia colectiva vinculados al ámbito laboral.
El magistrado puso especial énfasis en la potencial vulneración de derechos de raigambre constitucional, señalando que las normas impugnadas podrían derivar en una desprotección de los asalariados y en restricciones indebidas a la libertad sindical. En uno de los pasajes más significativos de la sentencia, el juez subrayó que la intervención de un Poder Judicial independiente resulta indispensable para garantizar la división de poderes, siempre que dicha función se ejerza respetando los preceptos de la Constitución Nacional. La resolución también invoca el principio de progresividad, advirtiendo que si bien el Congreso tiene la facultad de modificar el marco normativo, cualquier reforma debe ajustarse a los estándares constitucionales y evitar retrocesos injustificados en materia de derechos.
Por su parte, la representación del Estado Nacional había solicitado el rechazo de la cautelar argumentando que la ley fue sancionada en ejercicio de facultades legislativas legítimas y que su suspensión lesionaría el interés público. La defensa oficial advirtió que una medida de esta naturaleza constituiría una interferencia indebida en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo. No obstante, el juzgado determinó que en esta instancia preliminar es prioritario preservar la situación jurídica preexistente para evitar la concreción de perjuicios irreparables mientras se sustancia el proceso principal. Esta medida posee carácter provisorio y mantendrá su vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión planteada.
