El destino de las ambiciosas reformas laborales, impositivas y del Código Penal impulsadas por el presidente Javier Milei se encuentra directamente ligado a la voluntad de los gobernadores provinciales. De su respaldo dependerá que La Libertad Avanza consiga reunir las mayorías necesarias para la sanción de estos proyectos en ambas Cámaras del Congreso. Conscientes de su poder decisorio, los líderes provinciales han manifestado que no otorgarán su apoyo a estas leyes sin antes asegurar sus propias demandas. A cambio de garantizar los votos de sus legisladores, tanto diputados como senadores, los mandatarios exigen al Poder Ejecutivo la concesión de fondos y la inclusión de obras específicas en la letra fina del Presupuesto 2026. Las negociaciones se mantienen en un estado de fluidez constante, y la estrategia definida por el Gobierno es clara y consiste en establecer un diálogo directo y personalizado con cada jefe provincial. Sin embargo, no todos los gobernadores ostentan el mismo peso político en esta ecuación, ya que algunos controlan una mayor cantidad de manos dispuestas a levantar en el recinto.

El Gobierno de La Libertad Avanza mantiene una postura triunfalista tras los resultados electorales, lo que impulsó al presidente Milei a acelerar su agenda reformista y postergar el debate crucial del Presupuesto 2026 hasta después del reemplazo parlamentario. La actuación obtenida en los cómics fortaleció la presencia de LLA en ambas Cámaras. Específicamente, en el Senado, el oficialismo logró alcanzar dieciocho bancas propias, mientras que en la Cámara de Diputados, a pesar de algunas fugas en bloques aliados, el bloque liderado por Gabriel Bornoroni grupo ochenta y ocho bancas, superando con creces la representación de un tercio de la Cámara.

A pesar de que los legisladores libertarios pelean voto a voto por la primera minoría con Unión por la Patria en ambas Cámaras, el gobierno de Javier Milei requiere indispensablemente de amplios consensos. Estos acuerdos son necesarios, primero, para alcanzar el cuórum mínimo que permita iniciar cualquier sesión y, en segundo lugar, para asegurar la aprobación definitiva de los proyectos que son de su interés prioritario. La suma de los legisladores propios, incluso añadiendo a sus aliados incondicionales, resulta insuficiente para alcanzar estos objetivos.

Esta realidad explica por qué, más allá de la victoria electoral, el presidente Milei recibió con apertura a una veintena de gobernadores en Casa Rosada y designó a Diego Santilli, reconocido por su capacidad de diálogo y buen trato, como su interlocutor clave. No obstante, los reclamos de fondos y la inclusión de obras aún no se han materializado de forma concreta en el borrador del Presupuesto 2026. Un ejemplo de esta situación se evidencia en el caso de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a pesar del fallo de la Corte Suprema que favoreció al distrito gobernado por Jorge Macri respecto a los fondos por el traspaso de la policía, la propuesta presupuestaria no contempla la totalidad de esos recursos.

Votos Clave a Cambio de Obras y Recursos

La importancia de satisfacer, al menos, a un segmento de los gobernadores radica en que son ellos quienes tienen la capacidad de inclinar la balanza a favor de la reforma laboral, la reforma impositiva y la modificación del Código Penal promovida por la senadora electa Patricia Bullrich. La contrapartida ofrecida para sumar los votos de los legisladores que responden a estos líderes provinciales es la promesa de fondos y obras que el presidente Milei puede garantizar dentro del marco del Presupuesto 2026.

Surge entonces la pregunta sobre dónde buscará el oficialismo los apoyos necesarios para cumplir su promesa de campaña a partir del diez de diciembre. La respuesta se centra en los gobernadores que cuentan con diputados o senadores que les responden directamente. Según un exhaustivo relevamiento realizado por el politólogo Pablo Salinas, la nueva composición del Congreso indica que un total de noventa y dos diputados y veintiocho senadores responden a las directivas de los gobernadores.

Es previsible que la búsqueda de votos por parte de Milei no se oriente hacia aquellos gobernadores identificados con la oposición más férrea, como Axel Kicillof de Buenos Aires, Gildo Insfrán de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Ricardo Quintela de La Rioja. Ninguno de ellos fue invitado a la Casa Rosada ni ha tenido la oportunidad de reunirse con Santilli en esta etapa inicial. El análisis de Salinas indica que estos gobernadores en conjunto controlan un total de cuarenta y un diputados y siete senadores que, como mínimo, no tienen ninguna intención de acompañar al gobierno de La Libertad Avanza. En consecuencia, el universo de jefes provinciales susceptibles de ser seducidos a cambio de sus votos comienza a reducirse.

El grupo de gobernadores con posibilidades de negociación se concentra entonces en cincuenta y un diputados y veintiún senadores. Estas bancas, como se desprende del cuadro elaborado por Salinas, se distribuyen entre mandatarios de diversas extracciones políticas. Algunos de ellos se consideran aliados más cercanos a la Casa Rosada, como es el caso de Leandro Zdero de Chaco, Alfredo Cornejo de Mendoza, Jorge Macri de la CABA y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, además de Claudio Poggi de San Luis. Los primeros cuatro formalizaron un acuerdo electoral con Karina Milei, mientras que el puntano optó por no participar en las elecciones de octubre. En conjunto, estos cinco gobernadores aportan una vez diputados y tres senadores.

El Rol de los Gobernadores Árbitros

También existe un grupo al que la Consultora La Sastrería denomina «los árbitros». Estos son los mandatarios que han demostrado históricamente y vuelven a mostrarse predispuestos a establecer negociaciones con el gobierno central, incluso después de enfrentamientos en la contienda electoral.

En este grupo se incluyen los legisladores que forman parte de Provincias Unidas, cuyos líderes son Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba, Ignacio Torres de Chubut, Gustavo Valdés de Corrientes, Carlos Sadir de Jujuy y Claudio Vidal de Santa Cruz. La sumatoria de estos gobernadores asciende a catorce diputados y nueve senadores.

La Sastrería también incorpora a esta categoría de «gobernadores árbitros» a Hugo Passalacqua de Misiones, Rolando Figueroa de Neuquén, Gustavo Sáenz de Salta, Marcelo Orrego de San Juan y Alberto Weretilneck de Río Negro. Cabe destacar que Weretilneck, a partir del diez de diciembre, no contará con legisladores propios, pero el resto de este subgrupo reúne un total de diez diputados y cuatro senadores.

Los Matices de Negociación Dentro del Peronismo

Más allá de los aliados y los gobernadores considerados árbitros, es crucial reconocer que existen matices importantes dentro del propio peronismo. Un caso distintivo es el de Osvaldo Jaldo de Tucumán, quien ya demostró una autonomía notable durante el debate de la Ley Bases y mantendrá un bloque de tres legisladores propios en la Cámara de Diputados a partir de la nueva conformación. Su desempeño en la Cámara Baja ha sido ambiguo, mostrando disposición a acompañar o, al menos, a no obstaculizar algunas iniciativas del gobierno libertario.

Es importante señalar que no todos los integrantes del espacio Fuerza Patria son opositores inflexibles. Esto proporciona a la Casa Rosada un margen de maniobra para negociar y sumar votos incluso dentro de este sector. Un ejemplo es Raúl Jalil de Catamarca, quien tiene cuatro diputados propios y un senador que le responde. El catamarqueño ha mostrado una creciente cercanía con la Casa Rosada, e incluso circulan rumores sobre la posible conformación de un bloque legislativo independiente en los próximos días.

Gerardo Zamora, el influyente líder de Santiago del Estero, tampoco puede ser etiquetado como opositor incondicional. En su provincia, el gobernador controla la totalidad de los legisladores, es decir, a los tres senadores y a los siete diputados.

Con esta radiografía política claramente definida, y tal como sintetizó un referente peronista experimentado en el Congreso, se espera que las negociaciones cruciales por el Presupuesto, del cual depende el futuro de las demás leyes de reforma, se lleven a cabo directamente con cada gobernador, más allá de la pertenencia a una fuerza política específica. Por lo tanto, se anticipa que el día de la votación de la Ley de Leyes, seguida por las leyes reformistas, el tablero de votación en ambos recintos se delineará por el origen provincial de los legisladores y no estrictamente por su adhesión al bloque partidario.