El Gobierno nacional ha puesto en marcha su estrategia para asegurar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, el cual instrumenta una reforma integral en la estructura de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y modifica aspectos sustanciales de la Ley de Inteligencia. La norma, que lleva la firma del presidente Javier Milei y la totalidad de su Gabinete, ya ha sido ingresada formalmente por mesa de entradas: ayer en la Cámara de Diputados y hoy en el Senado.
Desde el punto de vista reglamentario, se abre ahora un periodo de diez días para que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo analice la validez de la medida. No obstante, debido a que dicha comisión aún no ha sido conformada para el presente periodo, el debate en los recintos de ambas Cámaras recién podría concretarse a partir del 29 de enero. Bajo el marco legal vigente, un DNU solo pierde validez si es rechazado por mayoría simple en ambas instituciones legislativas. Esta particularidad permite al oficialismo concentrar sus esfuerzos políticos en blindar la norma en una sola de las cámaras, repitiendo la táctica empleada con el DNU 70/2023, que sobrevivió pese al rechazo del Senado al no ser tratado en Diputados por falta de consenso opositor.
La reforma impulsada busca un reordenamiento jerárquico y operativo de las áreas de inteligencia, mediante la creación de nuevas agencias, la disolución de organismos obsoletos y la unificación de tareas para optimizar el flujo de información. Entre los cambios más destacados se encuentra la redefinición de competencias, limitando a la Agencia de Seguridad Nacional estrictamente a funciones de contrainteligencia y eliminando dependencias con funciones superpuestas, como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
El decreto no altera la cúpula del organismo: Cristian Auguadra se mantiene como titular de la SIDE, secundado por Diego Kravetz. Auguadra, de vasta trayectoria en el sector, asumió la conducción tras su paso por el área de Asuntos Internos, donde fue reemplazado por Diego Enrique Valdiviezo. Las autoridades defienden la medida sosteniendo que «permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, reduce la estructura y fortalece los controles estatales bajo estándares democráticos y republicanos».
Desde la oposición, el clima es de desconfianza. Diversos bloques han anticipado que la Comisión Bicameral de Inteligencia solicitará informes detallados a la Casa Rosada. El punto de mayor fricción radica en la habilitación para que el personal de inteligencia pueda realizar aprehensiones de personas bajo supuestos específicos. Asimismo, los críticos sostienen que una reforma de tal calado no debería realizarse por decreto, cuestionando la existencia real de una «necesidad y urgencia» y exigiendo un tratamiento parlamentario inmediato.
En este escenario, legisladores de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica han formalizado pedidos ante Martín Menem y Victoria Villarruel para la constitución urgente de dos órganos clave:
- La Bicameral de Inteligencia: integrada por 14 miembros, encargada de fiscalizar a los organismos del sector.
- La Bicameral de Trámite Legislativo: compuesta por 16 miembros, responsable de dictaminar sobre la validez de los decretos presidenciales.
La estrategia del oficialismo consistiría en postergar la conformación de estas comisiones durante el receso de enero, apostando a dilatar el debate hasta el inicio de las sesiones ordinarias en marzo. Esto obligaría a la oposición a esperar el vencimiento de los plazos legales mínimos.
A pesar de las maniobras dilatorias, la oposición no se encuentra lejos de alcanzar el quórum necesario para forzar una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del bloque peronista podrían sumarse los 22 de Provincias Unidas, los 4 de la Izquierda y legisladores independientes como Natalia De la Sota y Jorge “Gato” Fernández. Con una base de 121 voluntades, les restarían solo 8 adhesiones para abrir el recinto. Como es habitual, la resolución del conflicto dependerá de la postura que adopten los gobernadores y el bloque de la UCR, que hasta ahora mantiene un hermético silencio, a diferencia del PRO, que ya ha manifestado su respaldo explícito a la reforma a través de un comunicado oficial.
