En una demostración de fuerza territorial, más de 150 intendentes de todo el país se presentaron ante el Ministerio de Economía para entregar un petitorio formal al titular de la cartera, Luis Caputo. La demanda exige la baja en el precio de los combustibles, la reactivación inmediata de la obra pública y el cese del recorte de transferencias, exponiendo el impacto crítico de la política económica nacional en los municipios.

El documento, impulsado por los ministros bonaerenses Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Carlos Bianco (Gobierno), junto al presidente de la FAM, Fernando Espinoza, sintetiza una crisis que atraviesa tres dimensiones centrales: el costo logístico, la parálisis de infraestructura y la asfixia financiera local.

1. Combustibles: aumentos por encima de la inflación

El primer eje del reclamo se centra en el precio de las naftas, que ha acumulado un incremento del 542,7% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, representando una suba real del 63,95%. En lo que va de 2026, los valores treparon un 24%, cifra que duplica la inflación del período y supera ampliamente la evolución de los salarios.

Los jefes comunales advierten que este encarecimiento castiga directamente a las economías regionales, elevando los costos de transporte y producción, lo que termina impactando en el precio de los alimentos y servicios básicos.

2. Obra pública: recaudación sin ejecución

El segundo punto denuncia la subejecución de recursos específicos. Según los datos presentados, el Gobierno nacional acumuló $6,1 billones provenientes del impuesto a los combustibles y el ex impuesto PAIS. Por ley, el 28,58% de esta recaudación debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y de ese monto, el 50% al sistema vial nacional.

Sin embargo, los intendentes denuncian que, mientras las rutas sufren un deterioro avanzado, los fondos no se ejecutan y las obras permanecen paralizadas en todo el territorio nacional.

3. Presión fiscal y caída de recursos

El tercer eje apunta al recorte de transferencias y la caída de la coparticipación, que promedia un 24%. Esta merma, sumada al aumento de los costos operativos, limita la capacidad de los municipios para sostener servicios básicos y dar respuesta a la creciente demanda social.

La jornada contó con el respaldo presencial de 120 mandatarios de 14 provincias (incluyendo Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego, entre otras), mientras que otros jefes comunales adhirieron a la distancia.