El proyecto de ley sobre «falsas denuncias» obtuvo dictamen en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y quedó a un paso de ser tratado en el recinto. En un contexto marcado por el recorte de políticas de género, especialistas y organismos advierten que la iniciativa introduce un riesgo penal que podría inhibir las denuncias y profundizar los márgenes de impunidad en casos de violencia y abuso.

Impulsada por la senadora Carolina Losada, la propuesta busca modificar figuras del Código Penal —falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento— para endurecer las penas cuando las acusaciones se vinculen con violencia de género o delitos sexuales contra menores. El proyecto propone elevar el mínimo de la pena a tres años, con un máximo de seis años de prisión, lo que, dado el piso del castigo, podría implicar el cumplimiento de prisión efectiva.

Un endurecimiento sobre delitos de difícil probanza

Cabe destacar que la falsa denuncia ya está tipificada en el artículo 275 del Código Penal. Por lo tanto, el proyecto no busca cubrir un vacío legal, sino aumentar el castigo en delitos que históricamente presentan una complejidad probatoria extrema. Las violencias de género suelen ocurrir en ámbitos privados y bajo relaciones de poder desiguales; en este escenario, especialistas advierten que equiparar la falta de prueba con la falsedad de la denuncia puede desalentar a las víctimas a buscar auxilio judicial.

Un dato técnico relevante del proyecto es que, en ciertos casos, la pena por la supuesta denuncia falsa resultaría superior a la del delito denunciado: mientras que un abuso sexual simple tiene una pena de uno a cuatro años, la denuncia considerada «falsa» por ese mismo hecho se castigaría con tres a seis años de prisión.

Datos frente a la narrativa de la «ideología de género»

Frente a la narrativa oficial que cuestiona la existencia de la violencia estructural, los datos del Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro revelan la magnitud del problema: en la última década se registraron 2.827 femicidios en Argentina. Aunque el 85% de los agresores pertenecía al círculo íntimo de la víctima, solo el 17% de estas mujeres había realizado una denuncia previa.

En contraste, organismos como ONU Mujeres señalan que las denuncias falsas en estos delitos representan niveles marginales, cercanos al 0,03%. El problema estructural, según señalan organizaciones civiles, no es el exceso de denuncias, sino las fallas del sistema judicial, la falta de perspectiva de género, las prácticas revictimizantes y la aplicación deficiente de leyes de protección integral (como la 26.485 y la 26.061).

El debate en comisión y el contexto de desmantelamiento

La iniciativa avanza mientras se desmantelan programas como el Acompañar y se debilita la especificidad de las líneas de asistencia. Durante el debate, la abogada María Fátima Silva sostuvo que «la contracara de la ideología de género es la falsa denuncia», mientras que la senadora Losada argumentó que estas denuncias saturan tribunales y generan «hombres con miedo» a ser denunciados.

A pesar de las críticas de la oposición y de la resistencia de siete provincias —encabezada por la ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz—, el dictamen avanzó con una mayoría transversal que incluyó al oficialismo, aliados de Juntos por el Cambio, bloques provinciales y una fracción del peronismo.