La actividad parlamentaria se traslada hoy al Salón Azul del Congreso, donde la Comisión de Presupuesto y Hacienda iniciará el debate con la expectativa oficialista de alcanzar los consensos necesarios para tratar el proyecto en el recinto el próximo 26 de diciembre. Esta instancia surge a pesar de que el propio Gobierno ha manifestado reparos sobre la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves, argumentando que el texto actual vulnera el principio de déficit cero. No obstante, la administración libertaria buscará este viernes obtener un dictamen favorable que le permita dar continuidad al trámite legislativo de la denominada Ley de leyes.

El encuentro, programado para las 10 de la mañana, no solo abordará el presupuesto general, sino que también incluirá el tratamiento de la ley de inocencia fiscal, una pieza clave dentro del paquete de reformas que el presidente Javier Milei incluyó en el temario de sesiones extraordinarias. En esta nueva etapa de discusión en la Cámara Alta, el objetivo estratégico del Poder Ejecutivo consiste en reincorporar apartados específicos relacionados con el financiamiento de las universidades y la emergencia en discapacidad, dos normativas que el oficialismo no logró derogar en el debate previo y que ahora pretenden rediscutir antes de la votación definitiva en el pleno.

El camino hacia el Senado estuvo marcado por una sesión maratónica en la Cámara Baja que culminó tras la medianoche del jueves con la aprobación tanto del presupuesto como de la propuesta de inocencia fiscal. Para alcanzar este resultado, La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y diversos bloques de representación provincial como Elijo Catamarca, Innovación Federal, La Neuquinidad, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo. Por el contrario, la iniciativa enfrentó el rechazo de Unión por la Patria, Encuentro Federal y los partidos de izquierda, mientras que el bloque de Provincias Unidas optó por la abstención tras haber colaborado inicialmente con el quórum.

En términos macroeconómicos, el proyecto oficial establece metas ambiciosas que incluyen un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual proyectada en el 10,1% y un tipo de cambio situado en los $1.423 para el cierre de 2026. El texto contempla además la búsqueda de un superávit primario del 1,5% y uno financiero del 0,2%, junto con una expansión de las exportaciones superior al 10%, cifras que han sido calificadas como poco realistas por diversos sectores de la oposición. El punto de mayor fricción durante el debate fue el artículo 75, el cual pretendía eliminar las leyes de emergencia en los sistemas de discapacidad y educación superior, generando un fuerte rechazo incluso entre los aliados habituales del Gobierno.

La tensión legislativa se incrementó cuando el oficialismo propuso realizar la votación por capítulos completos en lugar de analizar artículo por artículo, una metodología que fue duramente criticada por la oposición al considerar que impedía un pronunciamiento claro sobre temas sensibles. Durante las exposiciones, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió el proyecto bajo la premisa moral de no gastar más de lo que se recauda y la necesidad de aliviar la presión fiscal sobre los privados. En la vereda opuesta, figuras como Agustín Rossi señalaron el impacto negativo del ajuste sobre la industria y el consumo, mientras que Maximiliano Ferraro cuestionó la veracidad de las proyecciones contenidas en el documento.

Para destrabar la negociación, el ministro del Interior, Diego Santilli, cumplió un rol fundamental al gestionar acuerdos con los gobernadores mediante la distribución de Aportes del Tesoro Nacional y la promesa de resolver deudas de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires. A pesar de estos esfuerzos, el capítulo relativo a universidades y discapacidad fue rechazado por 123 votos contra 117, lo que representó una derrota política para el Ejecutivo al mantenerse vigentes dichas leyes de emergencia. Ahora, el escenario se traslada a la Cámara de Senadores, donde se espera repetir la dinámica lograda recientemente con la reforma laboral, que ya obtuvo despacho de comisión aunque su tratamiento en el recinto se postergó hasta el 10 de febrero para priorizar el análisis presupuestario.

De este modo, el cronograma legislativo apunta a que tanto el Presupuesto 2026 como la Ley de Inocencia Fiscal reciban sanción en el Senado el viernes posterior a la Navidad. Una vez cumplido este paso, los textos deberán retornar a la Cámara de Diputados para su conversión definitiva en ley, prevista para el 29 de diciembre. Este esquema permitiría al Gobierno concluir el período de sesiones extraordinarias el martes 30 de diciembre habiendo cumplido con su principal objetivo parlamentario del cierre de año.