Legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes están manifestando su rechazo al artículo 30 de la propuesta de ley de gastos presentada por el Poder Ejecutivo Nacional. Este artículo en particular está generando fricciones, incluso entre los sectores catalogados como «aliados» y «dialoguistas» del Gobierno, mientras se anticipa el llamado a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre próximo.
La Derogación Propuesta y el Malestar Local
El Gobierno de la Libertad se apresta a convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, con fecha de inicio el 10 de diciembre. En este contexto, la oposición dialoguista mantiene una mirada cautelosa sobre el Presupuesto 2026 y el efímero dictamen de mayoría que el oficialismo había conseguido en la Cámara de Diputados, el cual perdió su validez al concluir el período de sesiones ordinarias y requiere ser firmado nuevamente.
El foco de controversia reside en el artículo 30 de la iniciativa de gastos, que ha comenzado a ser rechazado activamente por municipios y provincias. Esta disposición apunta a la derogación de diversas normativas que garantizan fondos específicos para áreas clave, generando la alarma por potenciales recortes en la financiación destinada actualmente a educación y defensa.
Normativas Clave en la Mira
Con las recientes discusiones sobre el financiamiento de las universidades aún frescas en la memoria legislativa, el artículo 30 de la ley de gastos 2026 ya ha provocado observaciones formales, por ejemplo, de la Cámara Alta de Corrientes y el Concejo Deliberante de Florencio Varela (Buenos Aires).
El texto gubernamental busca textualmente derogar las siguientes leyes y artículos:
- El artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias.
- Los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- El artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional.
- El inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).
Implicancias en Educación y Ciencia
La primera de las derogaciones es considerada la más significativa, pues elimina el mandato que establece que «el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)», una vez que se cumplen las metas de financiamiento de la Ley 26.075.
El segundo punto tiene un efecto similar, aunque de menor magnitud, sobre las partidas dirigidas a ciencia y tecnología.
El tercer aspecto impactado es la ley que crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, la cual asegura un financiamiento anual que «no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional». Estos recursos son adicionales a los ya asignados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a otros programas de inversión en escuelas.
El rechazo se ha manifestado con claridad:
- La Cámara de Senadores de Corrientes declaró su «contundente rechazo», argumentando que el artículo 30 «perjudica el funcionamiento de 170 Escuelas Técnicas en el territorio de la provincia» y restringe el derecho a la educación de miles de jóvenes.
- Los concejales de Florencio Varela señalaron que el dinero en cuestión se utiliza para aspectos cruciales como la construcción, ampliación y refacción de infraestructura, la provisión de equipamiento para los entornos formativos, la adquisición de materiales para los proyectos estudiantiles, y la consolidación de programas para la revinculación de adolescentes que abandonaron el sistema educativo.
El Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)
El cuarto ítem bajo amenaza involucra la constitución e integración del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). La ley actual establece un mecanismo de financiación progresiva, fijando que el aporte debe ser 0,8% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional a partir del año 2023 y para los ejercicios presupuestarios subsiguientes.
Esta situación representa un desafío inmediato para el flamante ministro de Defensa, el militar Carlos Presti, quien se prepara para asumir y enfrentar estas y otras situaciones en su cartera.
Un Trámite Legislativo Express
Para que el Gobierno logre la sanción del Presupuesto 2026 antes de fin de año, el proyecto deberá atravesar un trámite extraordinariamente rápido en el Congreso. Esto implica conseguir un dictamen apenas inicien las sesiones extraordinarias y una pronta aprobación en Diputados. El objetivo es dejar tiempo suficiente al Senado (al menos dos semanas) para su despacho y cumplir con los siete días de espera que exige el reglamento, dado que no se espera contar con los dos tercios de los votos necesarios para la habilitación rápida «sobre tablas».
De lograrse los acuerdos necesarios entre las cúpulas políticas, la Cámara alta podría sesionar incluso el lunes 29 de diciembre. Este cronograma exige que el oficialismo opere con la precisión de un reloj suizo, un escenario que la oposición, por el momento, no vislumbra. En paralelo, el Ejecutivo también prevé iniciar los debates sobre temas de gran envergadura como la inocencia fiscal, la reforma laboral y el Código Penal, anticipando una agenda sumamente abultada que, sin duda, se extenderá hasta febrero de 2026.
