El Gobierno de Javier Milei evalúa la posibilidad de suspender por decreto el aumento en discapacidad, en medio de la tensión generada por el rechazo legislativo a la ley de financiamiento universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan. La estrategia oficial apunta a evitar el impacto fiscal y postergar la implementación de la medida hasta el Presupuesto 2026.
Luego de que el Parlamento rechazara el veto presidencial a dicha ley, las autoridades económicas y legales del Ejecutivo han optado por intentar frenar su aplicación a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La medida busca ganar tiempo y dilatar la ejecución presupuestaria, cuya aprobación está en manos del Congreso para el próximo año.
La decisión está en manos de la denominada mesa judicial de la Casa Rosada, integrada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; la Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla, y los asesores presidenciales. Desde ese ámbito, se argumenta que el impacto fiscal y el Artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que requiere detallar las fuentes de recursos para gastos no previstos, justifican la postergación.
El oficialismo sostiene que la ley de presupuesto es la herramienta adecuada para ordenar el gasto público y que solo la Nación puede definir los recursos necesarios para el cumplimiento de estos aumentos. Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que la vía más factible para suspender la ley sería mediante un DNU, una opción que, según el constitucionalista Marcelo Bermolén, resulta «altamente judicializable» debido a la posible dispersión en los fallos judiciales.
Mientras tanto, el Gobierno busca evitar que el costo fiscal del aumento impacte de inmediato en las cuentas públicas, reforzando sus argumentos legales y esperando que las demandas judiciales provengan principalmente de particulares, lo cual podría fragmentar y dilatar los procesos.
De confirmarse la marcha atrás por decreto, esta sería la herramienta más probable para frenar la medida en un contexto de alta tensión política y jurídica.
