La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ha puesto en marcha un plan de acción nacional tras la confirmación de que el Gobierno nacional no prorrogará el Salario Social Complementario. Esta medida impacta directamente en los programas «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social», los cuales, según el Decreto 198/2024 firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, tienen fecha de caducidad en mayo de 2026. Ante este escenario, las organizaciones sociales buscan el respaldo de gobernadores e intendentes para advertir sobre las consecuencias económicas en las provincias, intentando que los mandatarios locales tomen dimensión de cómo el cese de estos ingresos afectará el consumo y la estabilidad en las economías regionales.
La estrategia de la UTEP no solo es institucional, sino también territorial. Mientras coordinan posiciones con figuras como Axel Kicillof y otros jefes comunales que interactúan diariamente con estos programas, los dirigentes sociales ya planifican jornadas de difusión, ollas populares y cortes de calle. Para evitar operativos policiales preventivos, las medidas de fuerza no serán anunciadas con antelación. Según Alejandro Gramajo, secretario general de la organización, el reemplazo de los actuales programas por un sistema de “vouchers de capacitación laboral” —ya anticipado por el Ministerio de Capital Humano— representa el fin de una lógica salarial para el sector informal y amenaza con dejar sin sustento a más de un millón de personas que ya trabajan en condiciones de precariedad.
Desde la perspectiva oficial, la ministra Pettovello defiende el cambio de paradigma bajo la premisa de «enseñar a pescar» en lugar de «dar el pescado». El Gobierno sostiene que la reconversión de los planes hacia esquemas de formación vinculados con empresas privadas busca eliminar la intermediación de los movimientos sociales y transformar la asistencia en una inserción real al mercado formal. Pettovello ha sido enfática en distinguir las prestaciones automáticas de la seguridad social, como la AUH o las jubilaciones, de los programas sociales discrecionales, asegurando que técnicamente «no existen los planes», sino herramientas de formación con objetivos específicos que deben cumplirse.
Por su parte, referentes históricos como Esteban “Gringo” Castro lamentan la «pulverización» de lo que consideran una conquista histórica de los sectores populares. Para los movimientos que integran la UTEP, como el Movimiento Evita, el MTE y Barrios de Pie, el Salario Social Complementario era el reconocimiento de un derecho para quienes trabajan sin estar registrados. El debate sobre este cambio de estatus del trabajador informal será el eje central del Segundo Congreso Nacional de la UTEP el próximo 21 de abril, coincidiendo con el aniversario de la figura del papa Francisco. Allí se definirá un plan de acción federal frente a lo que describen como un Estado que ha dejado de reconocer a los sectores populares como interlocutores válidos, abriendo un frente de conflicto que promete escalar tanto en las instituciones como en el espacio público.
