El gobierno de Javier Milei mantiene firme su principio de transferir al sector privado todo lo que pueda ser gestionado por este, y el equipo económico, a pesar de que solo resta menos de un mes para la finalización de 2025, se ha propuesto un ambicioso desafío: lograr que Intercargo y Transener dejen de ser propiedad del Estado antes de que inicie 2026. Al mismo tiempo, las autoridades buscan finalizar la transferencia de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) a manos privadas antes de que concluya el primer trimestre de 2026.

La semana anterior, el Gobierno ya había asegurado un ingreso de casi USD 700 millones mediante la privatización de las cuatro principales represas hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, sobre los ríos Limay y Neuquén. Esta operación es crucial, ya que contribuye significativamente a engrosar las reservas internacionales del Tesoro Nacional, en un contexto donde el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se presenta complicado.

Un alto funcionario del Ministerio de Economía señaló a Infobae que la intención es que «Intercargo y Transener estén en manos de los privados antes de fin de año». Este proceso, aunque apremiante por el escaso tiempo restante de 2025, se inició a comienzos del año en curso.

En el caso específico de Intercargo, la decisión es desprenderse de la totalidad de la compañía, vendiendo el 100% del paquete accionario a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional. Se ha especificado que no se otorgarán preferencias ni se incluirá un Programa de Propiedad Participada. Fuentes cercanas a la operación, consultadas sobre el aporte potencial de divisas para el ministro Luis Caputo, destacaron que el valor de la empresa «no vale más que sus activos, USD 30 millones». La Secretaría de Transporte había comunicado previamente que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el cumplimiento de un cronograma que fija un plazo de ocho meses para completar la privatización desde su inicio, y solicitará a una entidad bancaria estatal la tasación del paquete accionario.

No obstante, la administración libertaria no limitará sus esfuerzos a estas dos empresas. La próxima gran candidata en la lista es Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). Fuentes internas indicaron que «Entre febrero y marzo tiene que estar en manos de privados». Sin embargo, el requisito previo para concretar este traspaso es hacer que el modelo de negocio sea más atractivo para los inversores, lo que implica que el ministro de Economía procederá a avanzar con la eliminación progresiva de subsidios.

Luego de la victoria oficialista en las elecciones de medio término, en noviembre se autorizó un incremento del 3,8% en las boletas de luz y gas, y se anunció un 2,8% adicional para diciembre, alineándose con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de ajustar el gasto en esta variable. En el caso de AySA, los aumentos tarifarios son del 1% todos los meses. Las fuentes oficiales de la empresa, al ser consultadas por Infobae, no proporcionaron información sobre cuánto ajuste adicional se necesita en la tarifa. El Gobierno ha explicado que estas actualizaciones mensuales son parte de un plan diseñado para reducir gradualmente los subsidios al consumo de servicios públicos, cumpliendo así con los compromisos fiscales. AySA atiende a más de 14 millones de personas en 26 partidos del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que subraya el amplio impacto social y económico de cualquier modificación tarifaria o estructural.

En cuanto a la Privatización de Comahue, la apertura de las ofertas económicas para las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Arroyito, y Cerros Colorados/Planicie Banderita se llevó a cabo el viernes 28 de noviembre. Los puntajes más altos correspondieron mayormente a operadores locales, quienes lograron desplazar a compañías multinacionales extranjeras.

• La represa Alicurá (1.000 megavatios) recibió la propuesta más alta de Edison Inversiones, que ofreció USD 162 millones por la concesión. Su actual gestor, la filial argentina de AES, había ofrecido USD 130 millones para renovar su gestión.
• Para Piedra del Águila (1.400 megavatios), Central Puerto se posicionó como el principal oferente con una propuesta de USD 245 millones, lo que probablemente le permitirá mantener la administración histórica de la central.
• Respecto al complejo Cerros Colorados (Planicie Banderita) (450 megavatios), BML Inversora presentó la mayor oferta, alcanzando USD 41,7 millones. Esta compañía ya controlaba la central desde el mes pasado tras adquirirla a Aconcagua Energía.

Inicialmente, el ministro Caputo había manifestado que esperaba recaudar USD 500 millones por los cuatro complejos, considerando las privatizaciones como una fuente fundamental de ingreso de divisas. No obstante, el Gobierno se garantizó un ingreso mínimo de USD 685 millones con estas cuatro operaciones.