El Gobierno nacional ha dado un paso decisivo en su plan de reformas estructurales con la formalización de una nueva medida del Ministerio de Economía que apunta a la privatización de activos estratégicos del sector energético. Se trata de la transferencia a manos privadas de cuatro represas clave que forman parte del sistema hidroeléctrico del Comahue.
Oficialización de la Transferencia
A través de la Resolución 1569/2025, el Ministerio de Economía oficializó la incorporación de la Circular Modificatoria N° 504/2-0001-CPU25, un instrumento destinado a transferir la totalidad del paquete accionario de las sociedades que administran las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedras del Águila.
La disposición, que fue publicada en el Boletín Oficial, establece que la circular deberá difundirse durante tres días consecutivos tanto en el propio Boletín como en el portal CONTRATAR, la plataforma DGMARKET del Banco Mundial y el sitio web de la Secretaría de Energía.
Con esta medida, el Poder Ejecutivo busca acelerar el proceso licitatorio con el objetivo de completar la adjudicación de los activos antes de que finalice el año. El esquema de transferencia permitirá a los futuros operadores privados explotar los complejos hidroeléctricos por un período inicial de treinta años, con la posibilidad de prórroga mediante el pago de un canon anual al Estado.
Transparencia y Ajustes en el Proceso Licitatorio
El texto oficial emitido por Economía aclara que las modificaciones incorporadas al pliego de la licitación responden a consultas realizadas por los grupos empresariales interesados en participar del proceso. Según el Ministerio, estas precisiones buscan “garantizar la transparencia de la licitación”.
En paralelo, se facultó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” para introducir ajustes y aclaraciones adicionales en el pliego si lo considera necesario para el desarrollo del proceso.
Críticas por Soberanía y Recursos Hídricos
La medida no ha estado exenta de críticas. Desde la oposición política y el sector sindical se interpreta la transferencia de las represas como un “retroceso en la soberanía energética” y se cuestiona la falta de diálogo y consenso con las provincias de Neuquén y Río Negro, en cuyos territorios se ubican estos complejos hidroeléctricos.
Funcionarios provinciales han reiterado la preocupación respecto a que estas centrales no solo cumplen la función de generar energía, sino que también son vitales para la regulación de caudales de agua, esenciales tanto para la producción agrícola como para el abastecimiento de agua potable en la región del Comahue.
Por su parte, el Gobierno defendió la iniciativa argumentando que la incorporación de capital privado “permitirá modernizar la infraestructura, optimizar la eficiencia del sistema y reducir la carga fiscal del Estado”. Así, el proceso de licitación de las represas se consolida como uno de los ejes centrales del programa de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei, y también como uno de los más controvertidos debido al alcance estratégico y la velocidad con la que se busca desvincular al Estado de estos activos.
