La evolución de los peajes automáticos en Argentina representa uno de los pilares de la modernización del sistema de tránsito nacional, aunque los plazos para la eliminación definitiva de cabinas y barreras han experimentado cambios significativos recientemente. Durante el transcurso de 2025, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue objeto de las reformas más profundas de las últimas tres décadas, impulsadas primordialmente por la cartera que dirige Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. A través del decreto 196/2025 emitido en marzo, se buscó no solo simplificar trámites de circulación para vehículos importados y reconfigurar las Verificaciones Técnicas Obligatorias o las licencias de conducir, sino también establecer una hoja de ruta para transformar la matriz de cobro en rutas nacionales, migrando de un esquema predominantemente manual y analógico hacia uno íntegramente digital y automatizado.
El espíritu original de esta iniciativa planteaba una transición de dos años para que las rutas nacionales implementaran el sistema conocido como «free flow». Este modelo prescinde de las estaciones físicas de peaje para permitir un flujo vehicular constante, eliminando las frenadas bruscas, los cuellos de botella y las zonas de peligro que se generan cuando los múltiples carriles de cobro deben volver a converger en la traza original. Sin embargo, el dinamismo de la gestión estatal y la reestructuración de diversos organismos oficiales durante el año obligaron a flexibilizar las exigencias y a reprogramar las metas de cumplimiento que se habían fijado inicialmente en tres etapas sucesivas.
Bajo el cronograma inicial, el final de 2025 debía encontrar a cada estación de peaje con al menos una vía de Telepase, mientras que para fines de 2026 la mitad de las estaciones debían operar bajo la modalidad de flujo libre. El plan culminaba teóricamente en junio de 2027 con la automatización total de la red. No obstante, las reasignaciones de funciones dentro de la Secretaría de Transporte y los movimientos en Vialidad Nacional derivaron en la publicación del decreto 733/2025 en octubre. Esta nueva normativa sustituyó los plazos anteriores por una fecha única: el 31 de diciembre de 2026. Para ese entonces, todas las concesiones nacionales deben contar con sistemas automáticos canalizados o «free flow», aunque el texto actual omite porcentajes específicos y no descarta explícitamente la continuidad del cobro manual como una alternativa válida.
Esta readecuación otorga además a la Dirección Nacional de Vialidad la potestad de ajustar los tiempos según las particularidades técnicas de cada tramo o estación. Desde el Gobierno se sostiene que esta flexibilidad es necesaria para garantizar una infraestructura vial segura y previsible que cuente con la participación del sector privado. Las autoridades aclaran que la implementación sigue siendo progresiva y que los ajustes en el calendario no deben interpretarse como un retraso, sino como una adaptación a las complejidades operativas y contractuales de cada corredor, como ocurre en la Ruta Nacional 5, donde se prevé una convivencia transitoria de métodos de pago hasta alcanzar la digitalización plena.
En este contexto, se busca consolidar al dispositivo Telepase como la herramienta universal para el funcionamiento del sistema, mientras la transición genera tanto adhesiones como lógicas confusiones entre los usuarios. El desorden que se percibe actualmente en algunas estaciones de peaje es visto como un síntoma de este proceso de cambio profundo. Si bien la extensión de los plazos podría prolongar estas incomodidades, existe optimismo oficial respecto a que para finales de 2026 una gran parte de las cabinas hayan sido reemplazadas por arcos electrónicos. Se espera que los accesos clave a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como las autopistas Ricchieri, Oeste y Norte, lideren esta transformación mediante un esquema gradual donde convivirán temporalmente diferentes tecnologías de cobro automatizado.
