El inicio del cuatrimestre en las universidades nacionales se ve marcado por una profunda inestabilidad debido a una serie de medidas de fuerza convocadas por los gremios docentes y nodocentes. En reclamo de mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales —que agrupa a federaciones como Conadu, Fedun, Fatun y CTERA, entre otras— inició este lunes un plan de lucha que afectará el normal dictado de clases durante los próximos meses.

De acuerdo con lo resuelto por las organizaciones sindicales, la actividad en las universidades públicas de todo el país está suspendida totalmente desde ayer lunes 16 hasta el sábado 21 de marzo inclusive. Sin embargo, el conflicto promete extenderse, ya que se han dispuesto nuevos ceses de actividades por una semana completa para las semanas que comienzan el 30 de marzo y el 27 de abril. Asimismo, se está organizando una nueva marcha federal universitaria con fecha tentativa para el 23 de abril, la cual buscará replicar la masividad de movilizaciones anteriores en defensa de la educación pública.

La disputa central gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), sancionada en octubre de 2025. Esta norma obliga al Estado Nacional a actualizar los haberes y las becas según la inflación acumulada, además de garantizar fondos para el funcionamiento de hospitales universitarios y áreas de ciencia. A pesar de que la Justicia ordenó su implementación inmediata tras una suspensión por decreto, el Poder Ejecutivo presentó recientemente un proyecto de reforma que propone incrementos del 12,3% en tres cuotas para 2026, una cifra que los sindicatos consideran insuficiente frente a una inflación proyectada del 26,1% para este año y una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 40% en los últimos dos años de gestión.

Los datos del sector reflejan una situación crítica: el deterioro salarial promedio entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 alcanzó el 34%, y la gran mayoría de los trabajadores universitarios percibe ingresos inferiores a los 1.300.000 pesos. En la escala actual, un auxiliar docente con dedicación simple cobra apenas 162.991 pesos, mientras que la línea de pobreza para un hogar tipo ya supera los 1.360.299 pesos. Ante esta realidad, los referentes gremiales advirtieron que el ciclo lectivo no podrá desarrollarse con normalidad si no se establecen mecanismos de actualización automática y se recupera el terreno perdido frente al costo de vida.