El ciclo lectivo 2026 comienza bajo un escenario de fuerte tensión sindical que afecta a casi siete millones de estudiantes en todo el país. La medida de fuerza, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), impacta hoy Lunes en establecimientos públicos y privados de 15 jurisdicciones, incluyendo distritos clave como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Sin embargo, el dato político más disruptivo se localiza en la Provincia de Buenos Aires, donde se quiebra una racha de seis años de inicios de clases normales bajo la gestión de Axel Kicillof.
Para la administración bonaerense, este paro representa un debut complejo para Flavia Terigi al frente de la cartera educativa. A pesar de que las actividades de planificación y mesas de examen se desarrollaron sin inconvenientes en febrero, la huelga general —a la que se sumaron Suteba, la FEB y los docentes privados de SADOP— paraliza el sistema educativo más grande de Argentina, compuesto por 5,2 millones de alumnos y más de 400.000 trabajadores. La incomodidad del Gobierno provincial es evidente, ya que desde 2019 no enfrentaba un conflicto de esta magnitud en el inicio del calendario escolar.
El trasfondo del reclamo combina exigencias hacia la gestión de Javier Milei y deudas a nivel provincial. Los gremios demandan la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria a la paritaria federal, pero también rechazaron por «insuficiente» la última oferta salarial de Kicillof. La propuesta oficial consistía en un incremento del 3% para enero (con un 1,5% retroactivo a diciembre), lo que fijaba el sueldo de un maestro ingresante en $762.200 y el de un cargo con jornada completa en $1.524.300. Según el Frente de Unidad Gremial, estas cifras no logran compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación actual.
A este panorama se suma la acción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Eduardo de Isasi, que no solo moviliza al Puente Pueyrredón contra las políticas nacionales, sino que afecta directamente la apertura de las escuelas bonaerenses a través del paro de auxiliares, porteros y personal administrativo. La parálisis operativa en los edificios escolares se vuelve así total, tensionando la relación entre los gremios históricamente aliados a la gobernación y el ajuste de recursos que baja desde la Nación.
Con las clases en suspenso, la mirada está puesta en la nueva convocatoria paritaria fijada para el miércoles 4 de marzo. El margen de maniobra es estrecho: el Ejecutivo provincial necesita cerrar un acuerdo antes del 13 de este mes para poder liquidar los haberes con el nuevo esquema. Mientras tanto, desde la Gobernación intentan dar señales de previsibilidad asegurando que buscarán normalizar la actividad en los días posteriores, en un contexto donde cada punto porcentual de aumento salarial impacta de forma masiva en un presupuesto educativo que ya consume el 27% de los recursos de la provincia.
