En una jornada marcada por el paro nacional que afectó el inicio del ciclo lectivo en 15 provincias, el Gobierno nacional recibió a los gremios docentes para retomar la discusión paritaria, aunque el encuentro finalizó sin resultados concretos. El Ministerio de Capital Humano, a través de los secretarios de Educación y Trabajo, Carlos Torrendell y Julio Cordero, mantuvo firmemente su postura de que la negociación salarial debe resolverse en el ámbito provincial. Para la administración de Javier Milei, las provincias son las «verdaderas empleadoras» y, por lo tanto, recae sobre ellas y sus gremios locales la responsabilidad de alcanzar acuerdos presupuestarios.

Esta convocatoria oficial se produjo bajo el condicionamiento de una medida cautelar dictada en julio pasado, la cual suspendió el Decreto 341/2025. Dicha norma buscaba excluir formalmente al Estado Nacional de la negociación salarial, delegando en el Consejo Federal de Educación y los sindicatos la definición del salario mínimo y las condiciones laborales. A pesar de la obligatoriedad de la reunión, la ausencia de representantes del Ministerio de Economía fue uno de los puntos más cuestionados por los dirigentes de la CGT y la Ctera, quienes consideran indispensable la presencia de dicha cartera para avanzar en cualquier discusión que implique fondos públicos.

Por su parte, los gremios educativos —encabezados por figuras como Sergio Romero (UDA) y los representantes de Ctera, Sadop, Amet y CEA— denunciaron que el salario docente atraviesa su peor momento en dos décadas. Según datos de Cippec, el valor real del sueldo actual es inferior incluso al de 2005, año de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo. A este diagnóstico se suma el reclamo por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un componente que representa hasta el 15% de los haberes y que fue eliminado por la gestión libertaria, profundizando el malestar en un sector que emplea a más de 1.200.000 personas en todo el país.

El conflicto también escaló en el plano legislativo y de políticas de fondo. Los sindicatos manifestaron su rechazo rotundo a la Ley de Libertad Educativa presentada por el Gobierno, alegando que la propuesta fue elaborada sin la participación de los docentes. Además del aumento del piso salarial por encima de la Canasta Básica, exigen el refuerzo de partidas para infraestructura y programas como las Becas Progresar. Ante la falta de una propuesta de recomposición inmediata, la dirigencia gremial advirtió que la lucha se profundizará, dejando abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en los próximos días.

La magnitud del paro quedó en evidencia al afectar distritos clave donde el calendario escolar debía comenzar formalmente este lunes, incluyendo a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otros. En territorio bonaerense, el escenario resultó inédito: por primera vez en seis años, la gestión de Axel Kicillof se vio imposibilitada de garantizar el inicio de clases debido a una huelga masiva que incluyó al Suteba de Roberto Baradel. Con una nueva reunión pactada para la semana próxima, pero aún sin fecha definida, el sistema educativo permanece en un estado de incertidumbre y tensión que amenaza con extender el desfinanciamiento y la parálisis en las aulas.