Un abanico diverso de sectores opositores ha manifestado una resistencia unificada frente al Decreto de Necesidad y Urgencia que pretende transformar la Ley de Inteligencia Nacional.1 Las críticas se centran tanto en la sustancia de las modificaciones propuestas como en el mecanismo de implementación elegido por el Gobierno, el cual elude el correspondiente tratamiento parlamentario. Tras conocerse que la gestión de Javier Milei oficializará en breve cambios profundos en la normativa de inteligencia, referentes de distintas extracciones políticas se pronunciaron públicamente para repudiar la medida y exigir que el Congreso de la Nación tome cartas en el asunto ante lo que consideran un avance sobre la institucionalidad.
La disposición, que entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, otorga facultades extraordinarias a la SIDE para centralizar la información proveniente de todos los organismos de inteligencia y otras dependencias estatales. Asimismo, establece la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Secretaría de Innovación en la Jefatura de Gabinete y faculta a los servicios de inteligencia para requerir soporte logístico y técnico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías. Una vez difundidos los detalles de esta reforma, el rechazo en las redes sociales fue inmediato y categórico, apuntando principalmente a la decisión de evitar el debate en el Poder Legislativo.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro calificó la norma como un retroceso inaceptable y sostuvo que adolece de una nulidad absoluta. El legislador argumentó que el decreto carece de los presupuestos de necesidad y urgencia exigidos por la Constitución, señalando que cualquier reforma integral de este tipo debió ser canalizada mediante un proyecto de ley. Según su visión, el actual mandatario prefiere utilizar atajos en lugar de someterse a los controles constitucionales. Ferraro advirtió que la modificación de una treintena de artículos vulnera garantías fundamentales y debilita el control democrático al concentrar el poder de forma alarmante. En ese contexto, solicitó a las autoridades de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, que conformen con urgencia las comisiones bicamerales de Fiscalización de Inteligencia y de Trámite Legislativo para proceder al rechazo inmediato del DNU.
En una línea similar, el diputado peronista Agustín Rossi detalló sus objeciones advirtiendo que el texto gubernamental refuerza la concepción de un Estado con rasgos represivos y una marcada ausencia de garantías para la ciudadanía. Rossi coincidió en cuestionar la vía del decreto para imponer una reforma de tal magnitud y demandó que el Poder Legislativo anule la medida para que cualquier cambio normativo surja de un proceso de votación parlamentaria transparente.
Por su parte, Jorge Taiana, actual diputado y exministro de Defensa, denunció que estas modificaciones buscan legalizar prácticas de vigilancia que el Ejecutivo ya estaría implementando o planea profundizar. Taiana alertó que el resultado de esta política será la consolidación de un Estado policial dedicado al control y persecución de quienes se oponen al Gobierno. En el ámbito específico de la Defensa, criticó la disolución de la Diniem y la centralización de facultades en el Estado Mayor Conjunto, interpretando que esto supedita la inteligencia militar a las estructuras de seguridad interna. Según el legislador, esta transformación convierte a las Fuerzas Armadas en una suerte de Guardia Nacional, siguiendo una agenda de larga data promovida por intereses externos como el Comando Sur.
Desde el socialismo, Esteban Paulón arremetió contra la medida subrayando que el decreto generaliza un clima de sospecha sobre la sociedad y traslada competencias críticas a sectores controlados directamente por la Secretaría General de la Presidencia. Paulón advirtió que las disputas internas dentro del entorno presidencial representan un riesgo directo para la seguridad nacional y comprometen la independencia técnica que debería tener la inteligencia del país.
Ricardo Alfonsín, referente vinculado a la Unión Cívica Radical, manifestó su profunda preocupación tanto por el fondo como por la forma del decreto libertario. Al igual que sus pares de la oposición, insistió en que no existen motivos válidos para obviar el diálogo y el consenso en el Congreso nacional. Alfonsín sugirió que la reforma debería ser impugnada ante la Justicia y lamentó lo que percibe como un escaso apego a los valores republicanos por parte de la administración de Milei, instando a todas las fuerzas políticas a expresarse con firmeza en contra de la decisión.
Por otro lado, el diputado de izquierda Christian Castillo se sumó a las voces de protesta afirmando que este decreto representa un salto cualitativo en el espionaje contra periodistas y dirigentes políticos, legalizando de hecho un estado policial que debe ser invalidado por los representantes del pueblo. Finalmente, Leopoldo Moreau, con experiencia previa en la Comisión Bicameral de Inteligencia, describió el texto como un conjunto de aberraciones que atropellan la Constitución Nacional y significan un declive democrático evidente. Moreau repudió que sea la segunda vez que se utiliza un DNU para intervenir en el sistema de inteligencia y denunció que la norma pretende convertir a la administración pública en un sistema de delación contra la actividad política opositora.
