Un colectivo integrado por 29 colegios de abogados de diversas jurisdicciones del país inició una ofensiva legal conjunta para bloquear puntos neurálgicos de la reforma laboral sancionada recientemente en sesiones extraordinarias. La demanda, radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal, solicita una medida cautelar que suspenda de forma inmediata la aplicación de artículos que modifican sustancialmente el régimen de costas y el cobro de honorarios profesionales.

El eje del reclamo se centra en las nuevas disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo que facultan el pago en cuotas de los honorarios de los letrados en juicios laborales y alteran la distribución de las costas procesales. Las entidades demandantes sostienen que estas medidas no solo vulneran el derecho de propiedad y el libre ejercicio de la profesión, sino que también atentan contra garantías constitucionales fundamentales como el derecho a la defensa en juicio.

En los fundamentos de la presentación, los colegios advirtieron que la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo constituye una «utilización desviada de las herramientas procesales». Argumentan que tales cambios afectan el funcionamiento del servicio de justicia en su totalidad y califican como «redundantes» a las nuevas figuras legales, dado que el sistema jurídico actual ya posee instrumentos suficientes para penalizar conductas abusivas o dilatorias dentro de los procesos.

La acción judicial, que cuenta con el patrocinio del constitucionalista Alberto Spota, pretende mantener en suspenso los artículos cuestionados hasta que la Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión: su constitucionalidad. Esta presentación colectiva profundiza el escenario de judicialización que rodea a la reforma laboral, uno de los pilares del programa legislativo del oficialismo, que ya acumula múltiples impugnaciones en diversos tribunales de la República Argentina.