La central obrera sostiene que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo desfinanciaría las prestaciones gremiales, poniendo en riesgo la cobertura de millones de trabajadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un contundente llamado de alerta ante el proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno Nacional. Según la entidad, la implementación de estas medidas generaría una pérdida anual estimada en USD 700 millones para las obras sociales sindicales, lo que situaría al sistema de salud de los trabajadores en un escenario de colapso financiero. El eje del conflicto reside en la reducción de las contribuciones patronales, uno de los puntos neurálgicos de la propuesta oficialista.

Frente al inminente reinicio del debate en el Senado previsto para las próximas semanas, la cúpula sindical ha intensificado los contactos informales con funcionarios de la administración de Javier Milei. El objetivo primordial es negociar modificaciones sobre artículos que la central califica como «inaceptables», priorizando la protección del flujo de fondos que sostiene el andamiaje prestacional.

De acuerdo con un relevamiento técnico elaborado por la Secretaría de Acción Social de la CGT, bajo la conducción de José Luis Lingeri, la reducción permanente del aporte patronal —que pasaría del 6% al 5%— representaría un recorte de ingresos equivalente al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI). El informe técnico advierte que este desfasaje profundizará la crisis financiera de las entidades prestadoras, derivando inevitablemente en una restricción de la cobertura, la eliminación de prestaciones y un deterioro generalizado en la calidad de los servicios médicos.

«El desfinanciamiento de las obras sociales sindicales no es un efecto colateral, sino un objetivo político deliberado», sentencia el documento al que tuvo acceso el diario Clarín. El texto es categórico al señalar que, de no introducirse modificaciones sustanciales, el sistema «encaminará su rumbo hacia la quiebra». Asimismo, la CGT manifiesta su rechazo a otros ítems de la reforma, como el fin de la ultraactividad en los convenios colectivos, lo que impactaría negativamente en los aportes que nutren el esquema de solidaridad social.

Otro punto de fricción es la voluntarización de los aportes y la supresión de la retención automática por parte de las empresas. Para la central obrera, esto fragmenta el proceso de recaudación y erosiona la capacidad de negociación de los gremios.

En este marco de tensión, la CGT ha iniciado una campaña de comunicación en redes sociales bajo una premisa central: «No está en juego la caja de los sindicatos; está en riesgo tu acceso a la salud». Con este mensaje, buscan concientizar sobre el futuro de un sistema que actualmente garantiza la atención sanitaria de aproximadamente 6,5 millones de trabajadores y sus grupos familiares.