El Gobierno de Javier Milei vetó la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, una medida que había sido impulsada por la oposición y aprobada por amplia mayoría en el Congreso. La decisión se formalizó a través del Decreto N° 651/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se suma al rechazo del financiamiento universitario. El veto presidencial responde a la crítica del Gobierno sobre la falta de financiamiento genuino de la ley, su impacto fiscal, y las posibles «distorsiones» que generaría en el sistema de salud.
¿Qué proponía la ley vetada?
La Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796 buscaba dar respuesta a una serie de reclamos del personal sanitario, especialmente de trabajadores del Hospital Garrahan. Sus principales puntos eran:
- Recomposición salarial: Establecía un aumento inmediato para el personal de salud (asistencial y no asistencial) que atiende a la población pediátrica, con el objetivo de equiparar y reconocer funciones críticas.
- Asignación de recursos: Proponía una asignación presupuestaria prioritaria para insumos, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas e infraestructura.
- Exención del pago de Ganancias: Eximía del Impuesto a las Ganancias al personal de salud que realizara actividades críticas, horas extras o guardias.
Los argumentos del Gobierno para el veto
El Gobierno justificó el veto a la ley basándose en un informe técnico que destaca varias objeciones clave:
- Falta de financiamiento: La ley no especificaba de dónde provendrían los fondos para su implementación, lo que, según el Gobierno, comprometería la estabilidad presupuestaria. Se estima que su aplicación costaría unos $65.573 millones.
- «No hay plata»: Esta frase, utilizada por una fuente de la Casa Rosada, resume la postura oficial, que prioriza el ajuste fiscal.
- Distorsiones salariales: Se argumentó que el aumento salarial al personal pediátrico crearía una «brecha» con el resto de los trabajadores del sistema de salud.
- Efectos en las provincias: El Gobierno señaló que la ley comprometería la coparticipación federal y la estabilidad de los presupuestos provinciales.
- Impacto de la exención de Ganancias: La exención del impuesto implicaría una pérdida de más de $115 mil millones en ingresos para el Tesoro Nacional.
¿Qué sucederá ahora?
Tras el veto, el proyecto de ley regresará al Congreso, donde podrá ser tratado nuevamente. La ley podría ser aprobada si ambas cámaras, la de Diputados y la de Senadores, logran reunir dos tercios de los votos para insistir en su sanción. Sin embargo, este proceso es complejo y no garantiza su promulgación. El rechazo de esta ley, junto con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, subraya la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y la postura firme del Gobierno en su política de ajuste del gasto público.
