La reciente incursión militar de los Estados Unidos en territorio venezolano y el decreto emitido para reformar la SIDE argentina constituyen testimonios de una época atípica, donde lo excepcional ha desplazado a lo ordinario. Este panorama configura escenarios inéditos que nos arrastran hacia una suerte de excepcionalidad constante y desenlaces difíciles de prever.

“El estado de excepción en el que nos toca vivir se ha convertido, en realidad, en la regla”. Esta sentencia de Walter Benjamin cuenta con más de ocho décadas de antigüedad; en aquel entonces, su “ahora” denunciaba a los regímenes totalitarios de Europa, realidades que parecían ajenas a la geografía de Venezuela o Argentina. Sin embargo, dicha premisa recupera una vigencia alarmante en este tramo del siglo XXI, funcionando como un prisma para interpretar una coyuntura marcada por un clima de ruptura institucional persistente. La excepción, por definición, es la antítesis de la norma; no obstante, cuando la primera fagocita a la segunda, la integridad de todo el sistema democrático entra en crisis.

En el ámbito regional, observamos la intervención estadounidense en Venezuela con el fin de derrocar la autocracia de Nicolás Maduro, una acción ejecutada al margen de los protocolos del derecho internacional. En el espejo local, detectamos el hábito de gobernar mediante decretos con la reestructuración de la SIDE, a pesar de que la plataforma de Javier Milei prometía restaurar la previsibilidad normativa y eludir la excepcionalidad, apoyándose en un Congreso presumiblemente más afín tras la renovación de bancas. Resulta paradójico —o quizás no tanto— que las señales de institucionalidad y respeto a la legalidad fueran demandas planteadas previamente por la propia administración de Donald Trump.

Aun con magnitudes dispares, legitimidades diversas y efectos que no se pueden equiparar, ambos eventos traslucen una matriz de poder compartida: cuando el fin se etiqueta como urgente, el rigor de los procedimientos se vuelve prescindible.

“La necesidad no conoce ley” es el axioma sobre el cual se edifica la aplicación de cualquier estado de excepción. La naturaleza subjetiva de dicha “necesidad”, carente de una definición técnica universal, permite advertir cómo el poder democrático estira sus costuras frente a lo que considera imperativo. El filósofo Giorgio Agamben, quien ha explorado exhaustivamente estas fronteras difusas, advierte que intentar justificar la excepción a través de la necesidad conduce a contradicciones aún más graves, pues, en última instancia, “la necesidad es una decisión”.

Trump ha resucitado la Doctrina Monroe, un pilar diplomático con dos siglos de historia, para fundamentar su acción en Venezuela. Argumentó que los intereses estratégicos de EE. UU. se ven comprometidos por Maduro, a quien calificó de terrorista y cabecilla del Cártel de los Soles, una estructura supuestamente enquistada en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para el tráfico de estupefacientes hacia el norte. Esta doctrina, concebida originalmente en el siglo XIX para repeler el colonialismo europeo, ha mutado en sus alcances. En este tablero también emerge el presunto pacto confidencial entre Vladímir Putin y Trump; según revelaron fuentes gubernamentales a Ámbito, Rusia aceptaría distanciarse de Venezuela a cambio de que EE. UU. retire su respaldo activo a Ucrania.

Por su parte, el DNU de Milei para transformar la SIDE justifica el uso de facultades extraordinarias basándose en la sensibilidad de las tareas de inteligencia y la vulnerabilidad nacional. El texto oficial, cuyo borrador circuló entre los brindis de las festividades de Año Nuevo, sostiene que aguardar los tiempos del proceso legislativo implicaría una demora inaceptable para los objetivos de seguridad. En el fondo, el estado de excepción habita en un umbral de indiferenciación, donde no se sabe con certeza si está dentro o fuera del orden jurídico.

¿El ocaso del Derecho Internacional?

Es innegable que Javier Milei ha buscado alinearse con el bando que percibe como triunfador. Su administración, que supedita la política exterior a las afinidades personales del mandatario, celebró la caída de Maduro. Previamente, Milei había sido uno de los primeros en denunciar el fraude electoral del régimen venezolano. Actualmente, su vínculo con Trump se ha consolidado como una alianza estratégica vital, sustentada no solo en la sintonía ideológica, sino en el respaldo político y financiero que fue determinante para el éxito electoral de La Libertad Avanza en octubre.

El documento oficial emitido por el canciller Pablo Quirno centra su retórica en el “narcoterrorismo” regional. Desde sus primeras líneas, define a Maduro como el líder de una organización criminal declarada terrorista por Argentina el pasado 26 de agosto. En Cancillería son conscientes de que la mayoría de los juristas consideran que la intervención de EE. UU. carece de sustento en el derecho internacional; sin embargo, utilizan la lucha contra el narcotráfico como el pretexto legal para encuadrar la invasión.

Otro pensador clave en esta materia es el alemán Carl Schmitt, quien afirmaba que en la excepción la norma se suspende o se anula para crear una situación que, eventualmente, permita volver a aplicarla. Para Schmitt, “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. Es en este vacío legal donde el soberano se transforma en la ley misma. Trump no ignora el derecho internacional: lo interpreta a su conveniencia y lo ejecuta. Posee la ventaja de enfrentarse a una figura que encaja perfectamente en la lógica schmittiana del «enemigo»: Maduro es el “otro” absoluto, el dictador que ha manipulado elecciones, perseguido a la oposición y forzado el exilio de millones.

En consulta con Ámbito, el politólogo Juan Negri señaló que el operativo carece de justificación jurídica, calificando la captura de un Estado como una violación flagrante de las normas vigentes. No obstante, subrayó con cinismo que “el derecho internacional suele ser como Caperucita Roja; no es la primera vez que una potencia decide ignorarlo”.

La subjetividad de la urgencia

El decreto que altera el sistema de inteligencia argentino también incurre en la confusión entre la excepción y la normalidad. El Poder Ejecutivo no propone una discusión legislativa para una nueva norma, sino que la suplanta por voluntad propia. Existen matices internos: mientras algunos analistas de inteligencia sostienen que, por falta de presupuesto, la SIDE no cambiará demasiado en la práctica, otros ven una maniobra política. El área de ciberseguridad se desplaza hacia la Jefatura de Gabinete, bajo el control de Manuel Adorni y Karina Milei, mientras que Santiago Caputo retiene el núcleo operativo con facultades de policía y contrainteligencia. Nuevamente, la “necesidad” es un concepto elástico: bajo este esquema, un periodista podría ser objeto de investigación por el simple hecho de manejar información oficial.

El constitucionalista Daniel Sabsay fue tajante al respecto en sus redes sociales, denunciando que el DNU carece de necesidad y urgencia, y advirtiendo sobre la gravedad de otorgar facultades extraordinarias que permitirían a funcionarios detener ciudadanos sin orden judicial. En la misma línea, Andrés Gil Domínguez criticó los artículos de “contrainteligencia” por ser herramientas propias de regímenes autocráticos. Para Agamben, este tipo de medidas representan “la forma legal de aquello que no puede tener forma legal”. Mientras tanto, en el Congreso, la oposición intenta reactivar comisiones que hoy permanecen inactivas para frenar el decreto.

El riesgo de la excepción permanente

No es una novedad que Milei prefiera esquivar la “cadencia habitual” del Parlamento. El DNU 70/23 ya había intentado reformular de raíz aspectos laborales y económicos, encontrando frenos parciales en el Poder Judicial. Del mismo modo, no es la primera vez que EE. UU. ignora la Carta de la ONU, que insta a la resolución pacífica de conflictos y al respeto por la soberanía.

El peligro real es que la excepcionalidad deje de ser una medida de emergencia para convertirse en un método de gestión cotidiano. Agamben advierte que la construcción deliberada de un estado de excepción permanente se ha vuelto una práctica esencial de los Estados modernos, incluso los democráticos.

Este fenómeno genera interrogantes que han resonado en todo el espectro ideológico. Desde la derecha francesa, Marine Le Pen sostuvo que la soberanía nacional es sagrada e inviolable, y que ceder en este principio —aunque sea por el caso de Venezuela— es aceptar una futura servidumbre. Por su parte, el brasileño Lula da Silva calificó la intervención como un precedente funesto que vulnera el derecho internacional de manera agresiva.

Quizás la cuestión más inquietante, y la que proyecta la mayor sombra sobre el futuro, es la que planteó Agamben: “¿Qué implicancias tiene, finalmente, acostumbrarse a vivir en un estado de excepción permanente?”.