Luego de un extenso proceso que se extendió por más de quince años, marcado por el debate público, instancias judiciales fluctuantes y significativa controversia social, el Senado de la provincia de Mendoza finalmente otorgó su autorización para la explotación de uno de los yacimientos de cobre más importantes de la región. Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa queda formalmente habilitada para avanzar en la explotación del mineral, específicamente en el área de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras. La votación legislativa resultó en 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, consolidando un cambio notable en la política minera provincial.

Esta aprobación despeja los obstáculos administrativos que persistían, culminando un proceso de evaluación que incluyó una Audiencia Pública de diez días y la recepción de más de 9.500 aportes y observaciones por parte de la ciudadanía.

El megaproyecto, impulsado por la empresa PSJ Cobre Mendocino, proyecta una inversión inicial de USD 559 millones. Se estima un período de construcción de entre 18 y 24 meses, con la expectativa de generar aproximadamente 3.900 puestos de trabajo durante la fase de edificación y 2.400 empleos, entre directos e indirectos, en la etapa operativa. La reciente luz verde legislativa permite ahora a la empresa comenzar la fase de factibilidad, un proceso técnico que durará cerca de un año, en el que los estudios preliminares serán transformados en un plan detallado de ejecución que deberá cumplir con los estándares provinciales e internacionales de la industria.

Los promotores del emprendimiento celebraron la decisión, destacando el potencial de desarrollo económico que la actividad minera representa para la zona. La empresa ha asegurado que el diseño del proyecto se enfoca en la sostenibilidad y la prevención, enfatizando el uso eficiente y responsable del agua mediante la recirculación de más del 80% del recurso, y garantizando la exclusión de sustancias prohibidas por la legislación vigente. Afirman que la captación de agua se limitará al Arroyo El Tigre, cuyo caudal ecológico y cauce, según la compañía, no serán alterados ni competirán con el consumo de las comunidades, la agricultura ni los sectores urbanos. Además, el proyecto incorpora técnicas avanzadas como la flotación mecánica con reactivos biodegradables y el uso de relaves espesados para optimizar la recuperación hídrica y minimizar el impacto ambiental.

Al finalizar la sesión, Fabián Gregorio, CEO de PSJ, declaró que esta decisión institucional es un avance significativo en un proceso caracterizado por su transparencia y participación. Subrayó el inicio de la etapa técnica de factibilidad y reafirmó el compromiso de la empresa de trabajar conjuntamente con la comunidad, las instituciones y los actores productivos, con la convicción de que el desarrollo debe ser un beneficio compartido.

En contraste, mientras la administración y las cámaras empresarias celebran el avance, organizaciones sociales y líderes ambientalistas mantienen serias reservas sobre los potenciales efectos de la explotación en los recursos acuíferos y la economía local. El abogado ambientalista Enrique Viale hizo hincapié en la histórica sensibilidad de Mendoza respecto a la protección del agua, recordando que solo un 4% del territorio provincial es irrigable y que el recurso es vital para la supervivencia y la producción. Viale también trajo a colación el antecedente de 2019, cuando una movilización masiva logró frenar una iniciativa minera similar, alertando sobre la ausencia de una «licencia social» para el proyecto San Jorge.

El abogado criticó que múltiples proyectos mineros estén buscando aval legislativo simultáneamente, argumentando que esto «reduce los beneficios para la provincia y favorece a las empresas». Además, remarcó el riesgo inherente de establecer megaminería en la cabecera del Río Mendoza, el principal río de la provincia, señalando el rechazo popular y la consecuente falta de consenso social. Viale también puso en tela de juicio la promesa de desarrollo económico y social, citando la persistencia de altos índices de pobreza y subdesarrollo en zonas con actividad minera consolidada como Catamarca y San Juan.

Las organizaciones ambientalistas insisten en que el avance del proyecto representará consecuencias negativas para el ecosistema regional, particularmente para la reserva de agua de Uspallata, a la que consideran fundamental para la vida, la agricultura y el sostenimiento del oasis mendocino.

Según la información oficial de la empresa, la oficina comunitaria en Uspallata continuará brindando atención y canales de consulta e información a la población. El sistema de monitoreo ambiental y social planea incluir la participación comunitaria y asegurar el acceso público a los datos en todas las etapas del proceso. La vida útil del yacimiento fue estimada inicialmente en 16 años, con potencial de extensión, e incluye un plan detallado de cierre de mina en estricto cumplimiento con la normativa de Mendoza y los estándares internacionales del sector.