La iniciativa enviada al Poder Legislativo tiene como propósito fundamental depurar el ordenamiento jurídico vigente mediante la derogación de normativas que carecen de aplicación práctica, avanzando así en la desburocratización como un pilar central de la agenda de la administración de Javier Milei. El Gobierno nacional formalizó el envío de la denominada “Ley Hojarasca”, una propuesta que busca eliminar un conjunto de normas consideradas obsoletas, carentes de vigencia fáctica o directamente incompatibles con los preceptos constitucionales. Esta medida persigue la simplificación del sistema legal, la reducción de la acumulación normativa y el establecimiento de límites a lo que el oficialismo describe como un exceso de intervención estatal.
Cabe destacar que esta propuesta cuenta con un antecedente cercano, ya que fue presentada originalmente en 2024 bajo la denominación de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta. En aquel entonces, el Poder Ejecutivo había planteado dejar sin efecto decenas de regulaciones desactualizadas o que habían sido superadas por marcos legales posteriores. Aquella versión inicial contemplaba la derogación total de 63 leyes y la modificación de otras tantas, aunque la iniciativa perdió vigor con el transcurso del tiempo y nunca llegó a ser debatida en el ámbito de las comisiones parlamentarias.
El proyecto actual propone una limpieza profunda del digesto jurídico a partir de la identificación de distintos grupos de normas. En este sentido, se incluyen leyes que, bajo la óptica del oficialismo, han sido sobrepasadas por legislaciones más recientes, otras que han quedado anacrónicas frente a los vertiginosos avances tecnológicos o los cambios en las matrices productivas, y también disposiciones vinculadas a organismos que ya han sido disueltos o procesos administrativos que jamás llegaron a concretarse. Entre los ejemplos citados por el Ejecutivo para justificar la medida aparecen regulaciones que van desde una normativa del siglo XIX sobre el carbón mineral hasta controles sobre la microfilmación, la televisión en color o regímenes administrativos ligados a entidades que hoy son inexistentes. El argumento oficial enfatiza que la persistencia de este tipo de reglas solo contribuye a aumentar la complejidad de un sistema jurídico que ya se encuentra sobrecargado.
Otro de los ejes centrales del proyecto se enfoca en aquellas leyes que, según la visión del Gobierno, afectan las libertades individuales o responden a lógicas de control social que resultan incompatibles con el sistema democrático contemporáneo. Dentro de este apartado se incorporan disposiciones que penalizan ciertas conductas vinculadas al Estado, regulan reuniones de carácter privado, supervisan contenidos culturales e imponen exigencias de circulación que son consideradas anacrónicas para los tiempos actuales. Asimismo, el texto contempla la eliminación de artículos que reflejan paradigmas sanitarios ya superados, citando como ejemplo la normativa que habilita la internación obligatoria de personas con lepra, la cual es cuestionada por el Ejecutivo al entender que vulnera derechos fundamentales básicos.
Desde la Casa Rosada se presenta esta iniciativa como una pieza clave dentro de una reforma del Estado mucho más ambiciosa, bajo la premisa de que el derecho no debe funcionar como una herramienta para imponer restricciones innecesarias, sino como una garantía plena de las libertades ciudadanas. En este contexto, la llamada “Ley Hojarasca” se integra en la política de desregulación, desburocratización y achicamiento del aparato estatal que impulsa la gestión de Javier Milei. Por otra parte, el proyecto pone especial énfasis en aquellas normas que obligan a realizar trámites considerados superfluos o que sostienen estructuras administrativas que no cumplen ninguna función real, con la meta de simplificar tanto el desarrollo de la actividad económica como el vínculo cotidiano entre los ciudadanos y el Estado. Finalmente, las autoridades concluyeron que la «Ley Hojarasca» se inscribe en un proceso más amplio de transformación estatal, orientado a abandonar un modelo basado en la acumulación normativa, la sobrerregulación y la intervención discrecional, con el fin de evolucionar hacia un esquema centrado en la libertad individual, la responsabilidad personal y la eficiencia en la administración de los recursos públicos.
