La Confederación General del Trabajo (CGT) ha sumado una nueva y profunda disputa con el Gobierno Nacional, que va más allá del conflicto por la reforma laboral. La difusión del borrador del proyecto de Ley de Libertad Educativa, impulsado por el presidente Javier Milei, ha generado un fuerte y absoluto rechazo por parte de los gremios docentes que integran la central obrera.
Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA), consideró que la iniciativa “serrucha el sistema educativo” y la califica como una “reforma inconsulta”.
Un Proyecto que «Derriba el Sistema»
Romero, quien ha declarado el estado de alerta de su organización, argumenta que el proyecto busca reemplazar el modelo educativo actual por uno con “tintes de privatización, confesionalidad, destrucción de la carrera docente, pérdida de estabilidad y una quita total de financiamiento”.
El rechazo se basa en el borrador que, tal como se anticipó, busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional N° 26.206, vigente desde 2006. Entre los puntos más cuestionados se encuentran:
- Educación Alternativa: Habilita la educación en el hogar (home schooling) y la educación híbrida o a distancia sin establecer una edad mínima, permitiendo que los aprendizajes se acrediten mediante exámenes periódicos.
- Educación Confesional: Autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar.
- Planes de Estudio Propios: Permite que cada escuela diseñe sus propios planes de estudio, junto con los planes «comunes» elaborados por los ministerios.
- Esencialidad del Servicio: Declara la “esencialidad” de la educación básica, obligando a garantizar la “continuidad mínima del servicio educativo” ante cualquier medida de protesta o paro.
Denuncia en el Consejo de Mayo y Posibles Medidas de Fuerza
Romero confirmó a este medio que llevará sus quejas por esta “reforma inconsulta” al Consejo de Mayo a través del representante de la CGT. Además, buscará dialogar con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para verificar el alcance real del proyecto. No obstante, advirtió que si el Gobierno insiste con la iniciativa, los sindicatos están dispuestos a decidir medidas de fuerza, lo que justifica el estado de alerta declarado.
En un informe interno para la CGT, Romero calificó el borrador como “alarmante” no solo por derogar la Ley de Educación Nacional, sino también parte de la Ley de Educación Técnico Profesional. Subrayó que en el texto “desaparece la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación”.
El referente cegetista sostuvo que el proyecto “desvincula al Estado de la conducción política, administrativa y pedagógica” del sistema y advirtió que avanza sobre derechos laborales al “eliminar la estabilidad laboral del trabajador docente y ni siquiera habla de paritarias”.
Además de la CGT, la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación) también rechazó “enérgicamente” el documento, calificándolo como un “verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto”. El sindicato, conducido por Sonia Alesso, lamentó que bajo el concepto de “libertad”, el proyecto pretenda “eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación” y promueva un “retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX”.