El debate parlamentario sobre las modificaciones a la Ley de Glaciares experimentará una demora respecto al cronograma que el oficialismo pretendía imponer originalmente. En el marco de un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, la Libertad Avanza accedió al pedido de la oposición para convocar a audiencias públicas, las cuales se llevarán a cabo los días 25 y 26 de marzo. Esta decisión posterga la intención inicial de emitir dictamen la semana próxima, trasladando la firma de los despachos para los días 7 y 8 de abril, una vez finalizado el receso por Semana Santa.

La estrategia del oficialismo, coordinada por los diputados Nicolás Mayoraz y José Peluc, busca avanzar con el texto que ya cuenta con media sanción del Senado desde el pasado 26 de febrero. No obstante, Mayoraz dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones si el debate en las audiencias así lo requiere. Durante la reunión de comisión, surgieron reclamos de sectores como la Coalición Cívica para otorgar un carácter federal a los encuentros con expositores, y aunque el Gobierno no cedió en trasladar las audiencias a las provincias, sí aceptó extender la duración de las jornadas de discusión en el Congreso para garantizar una mayor participación.

La reforma en cuestión genera posturas encontradas incluso dentro de los bloques dialoguistas. Un ejemplo es el de la diputada María Inés Zigarán, exministra de Ambiente de Jujuy, quien advirtió que la nueva normativa podría resultar en un equívoco legal que fomente litigios y ponga en riesgo las inversiones mineras. Si bien Zigarán destacó la importancia de la minería para la transición energética global, cuestionó la redacción actual del proyecto. Por otro lado, las provincias cordilleranas mantienen un interés central en la medida, ya que la reforma apunta a priorizar actividades extractivas e hidrocarburíferas en zonas que hoy están protegidas.

El eje del conflicto radica en que el proyecto aprobado por la Cámara Alta habilita la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados «hídricamente relevantes». Esta distinción técnica representa un cambio radical respecto a la legislación vigente, que prohíbe de forma absoluta cualquier actividad industrial sobre estos cuerpos de hielo. El oficialismo argumenta que este cambio es necesario para facilitar la llegada de proyectos internacionales, mientras que los sectores críticos advierten sobre el impacto ambiental y la falta de criterios claros para definir la relevancia hídrica de un glaciar.