La movilización de este miércoles surge como respuesta al rechazo judicial de ampliar las audiencias públicas. El objetivo es visibilizar el reclamo por una mayor representación social en el debate legislativo sobre la normativa que regula las áreas periglaciares.
Este miércoles 25 de marzo, el Congreso de la Nación retoma su actividad con una agenda cargada de tensión. La Cámara de Diputados se dispone a recibir a los primeros 100 oradores en lo que será la jornada inicial de dos audiencias públicas destinadas a debatir la modificación de la Ley de Glaciares.
Sin embargo, el proceso parlamentario se encuentra inmerso en una fuerte controversia debido a las limitaciones impuestas por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales. La convocatoria se vio desbordada por una cifra récord de inscriptos que ya supera los 100.000 ciudadanos. Ante este escenario, los presidentes de ambas comisiones, los legisladores oficialistas Nicolás Mayoráz y José Peluc, determinaron que solo se aceptarán 200 ponencias (entre presenciales y virtuales), mientras que el resto de los interesados deberá enviar su exposición a través de un video. Además, se restringió el acceso exclusivamente a los diputados miembros de las comisiones y a solo dos asesores por bloque, pese a que el reglamento permite habitualmente el ingreso de cualquier legislador.
Luego de que la justicia desestimara un recurso de amparo presentado por diversas organizaciones ambientalistas para extender las jornadas y garantizar que todos los inscriptos pudieran hablar en el recinto, dichas entidades —con el respaldo de bloques opositores— llevarán a cabo hoy una manifestación para exigir su derecho a exponer.
“Consideramos fundamental evitar este tipo de restricciones; se trata de una audiencia pública y es inaceptable que se impida la palabra. Por ese motivo nos movilizamos hoy miércoles”, manifestó la diputada de Unión por la Patria, Teresa García. Por su parte, el diputado Juan Grabois sumó su crítica: “Exigimos que los pueblos originarios sean escuchados. De los 15 representantes que propusimos, solo logramos que ingresen tres, pero estaremos afuera apoyando la marcha”. Los referentes de comunidades indígenas, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular sostienen que la reforma vulnera la protección de las reservas de agua dulce más importantes del país.
La delegación que encabeza el reclamo incluye a autoridades de las comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita provenientes de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca. Junto a referentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural, expondrán los riesgos ambientales, sociales y culturales que implicaría una flexibilización de la ley actual.
La movilización ha sido convocada para las 17:00 horas frente al Congreso bajo la consigna: “Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”.
“La propuesta es sencilla: traemos nuestra silla, nos sentamos y exigimos nuestro espacio para exponer. Limitar la palabra es la antítesis de lo que debe ser una audiencia pública”, reforzó la diputada García.
Desde el oficialismo, la prioridad es agilizar el trámite de las audiencias que exige la normativa para avanzar rápidamente hacia un dictamen y su posterior tratamiento en el recinto. A pesar del contexto político actual, marcado por las críticas al presidente Javier Milei por el valor de la criptomoneda $Libra y los cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre la coherencia entre su estilo de vida y sus ingresos, La Libertad Avanza mantiene su postura de acelerar el proceso evitando debates prolongados.
“La modificación de la ley es indispensable para habilitar proyectos que dependen del RIGI; se trata de inversiones vitales para el crecimiento del país”, justificó un diputado libertario al explicar la celeridad que impulsa su bloque.
Gran parte de las negociaciones que el Gobierno mantiene con capitales extranjeros se centran en el sector minero, que aguarda la reforma normativa. El cambio permitiría operar en zonas actualmente protegidas bajo la categoría de “periglaciares”. La propuesta incluye una redefinición técnica clave: sustituir el concepto de “ambiente periglacial” por el de “geoforma periglacial”, lo que reduciría drásticamente la superficie bajo resguardo. Asimismo, plantea una revisión del inventario de glaciares para permitir actividades económicas si las provincias demuestran que no se produce una afectación real del recurso hídrico.
