Al inicio de la actividad en la Cámara de Diputados, se recortó el tiempo de las alocuciones en medio de la controversia por la exclusión de más de 120.000 inscriptos. Este jueves se llevará a cabo la jornada de cierre.
Bajo la presión de intervenciones judiciales que exigen ampliar la participación ciudadana, comenzó la primera de las dos jornadas de audiencias públicas destinadas a debatir la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar. La instancia final tendrá lugar este jueves 26 de marzo. Durante el primer encuentro, participaron 95 de los 196 oradores habilitados para el miércoles, una cifra mínima frente a los más de 120.000 anotados originalmente. Entre los disertantes, 84 (el 88,42%) manifestaron su rechazo rotundo a la reforma.
En el grupo restante de 11 expositores, destacó una fuerte presencia de la provincia de San Juan —incluyendo a tres funcionarios locales, un abogado de empresas mineras y tres referentes de cámaras y gremios del sector—, además del respaldo de Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, y de Mario Hernández, representante de GEMERA. Tras 12 horas de debate, las autoridades del plenario dieron por finalizada la audiencia —interrumpiendo la transmisión oficial— a pesar de que todavía quedaban oradores presentes esperando su turno.
En este contexto, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para convocar a una consulta popular vinculante a nivel nacional. La pregunta propuesta para la ciudadanía es: “¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”. No obstante, trascendió que el oficialismo buscaría dictaminar la próxima semana para sancionar la reforma en el recinto el próximo 8 de abril.
Malestar por las restricciones a la participación social
El inicio de la actividad estuvo marcado por controversias que afectaron el desarrollo de las audiencias, las cuales enfrentan pedidos de impugnación y procesos judiciales. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, liderado por el juez Enrique Lavié Pico, rechazó dos medidas cautelares de ONGs ambientalistas que solicitaban expandir la convocatoria para garantizar una representatividad real.
Sumado a esto, la presidencia del plenario decidió reducir el tiempo de exposición de 5 a 4 minutos por orador. La jornada también sufrió interrupciones ante las denuncias de legisladores opositores, quienes señalaron que un operativo policial en las afueras del Congreso impidió el ingreso de personas que estaban debidamente autorizadas para participar.
Los detractores de la reforma argumentan que el proyecto posee un carácter regresivo y colisiona con preceptos constitucionales, lo que paradójicamente podría frustrar la «seguridad jurídica» que se busca ofrecer a los inversores al judicializar los proyectos. Además de las advertencias sobre el impacto ambiental de flexibilizar controles, se subrayó que las decisiones provinciales sobre los glaciares afectan recursos hídricos de carácter interjurisdiccional.
El proyecto es una prioridad de la gestión libertaria y modifica la Ley 26.639. Si bien ratifica a los glaciares como reservas hídricas estratégicas, el cambio fundamental radica en otorgar a las autoridades locales la facultad de definir dicha «estratégicidad» e intervenir en el Inventario Nacional de Glaciares (ING), permitiendo incluir o remover «glaciares o geoformas periglaciales» bajo criterio provincial. Los cambios introducidos en el Senado (artículos 4° y 6°) refuerzan este objetivo al agilizar las autorizaciones mineras y restar potestades a la Cancillería y a los Comités de Cuenca.
Voces en el plenario: posturas enfrentadas
Entre quienes se opusieron, Vanina Basso (secretaria de Ambiente de La Pampa) recordó el conflicto histórico por el río Atuel: “Es una historia de decisiones unilaterales aguas arriba que generaron desertificación y pérdida de biodiversidad. Cuando se debilitan los controles, las consecuencias las pagan los territorios más vulnerables”.
Por su parte, la exdiputada Marta Maffei, coautora de la ley vigente, contrastó el proceso original con el actual: “Trabajamos un año consultando académicos y comunidades. Esta reforma usa una fachada de federalismo para otorgar discrecionalidad y que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua bajo el pretexto de la producción”.
Andrés Napoli, director de FARN, denunció que la iniciativa ignora los principios del Acuerdo de Escazú: “Con esta ley no habrá más presupuestos mínimos ni uniformidad; cada provincia establecerá lo que le parezca”. Asimismo, aclaró que hoy las provincias ya poseen facultades como autoridades de aplicación y percepción de regalías, por lo que la reforma no vendría a «federalizar» lo que ya es federal.
Desde una perspectiva técnica, el glaciólogo Gabriel Cabrera planteó que la ley actual tiene definiciones «abstractas jurídicamente», aunque defendió la «honestidad intelectual» del inventario actual. No obstante, consideró que la media sanción del Senado deja puntos inconclusos y sugirió modificaciones técnicas específicas en los artículos 2°, 4° y 6°.
El apoyo a la reforma llegó de la mano de Gustavo Emilio Fernández, ministro de Producción de San Juan, quien defendió la minería como una actividad «ineludible» para el desarrollo local. Sostuvo que las inversiones mineras impulsan la infraestructura vial y energética de las provincias y sugirió que, para optimizar el recurso hídrico, se debe avanzar en sistemas de riego mecanizado en el sector agrícola, que consume el 81% del agua en su jurisdicción.
