En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado dio media sanción a una serie de reformas a la Ley de Glaciares, trasladando ahora la definición final a la Cámara de Diputados. La iniciativa contó con 41 votos a favor y 31 en contra, registrándose la abstención de la neuquina Julieta Corroza.

La votación dejó en evidencia una fractura transversal en varios bloques parlamentarios. A excepción de La Libertad Avanza, cuya bancada se mantuvo cohesionada bajo la conducción de Patricia Bullrich, el resto de los espacios mostró fisuras. El oficialismo logró sumar el apoyo de los senadores del interbloque kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), así como de los legisladores recientemente escindidos del bloque: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

El núcleo de la reforma: la autoridad de aplicación

El punto de mayor fricción fue el artículo séptimo del despacho —sujeto a correcciones técnicas horas antes de la sesión—. Esta normativa establece que, con excepción de las áreas protegidas por la Ley 22.351 (Parques Nacionales), cada provincia determinará su propia autoridad de aplicación.

Este organismo provincial será responsable de identificar, mediante criterios técnico-científicos, los glaciares y ambientes periglaciales dentro de su territorio que cumplan funciones hídricas estratégicas, tales como la recarga de cuencas hidrográficas.

• La postura del Gobierno y aliados: Defienden la soberanía de los distritos sobre sus recursos naturales. Sostienen que esta reforma es clave para brindar seguridad jurídica y atraer inversiones millonarias que impulsen la economía nacional.
• La postura opositora: Sectores ambientalistas y varios opositores advirtieron que la norma otorga a los mandatarios locales una influencia excesiva frente a los intereses corporativos, desplazando al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Además, alertaron sobre una posible incompatibilidad entre este articulado y los compromisos ambientales asumidos en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ratificado horas antes en la misma jornada.

El debate en el recinto: Argumentos y cruces

La apertura del debate estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Ambiente, Edith Terenzi (Chubut), seguida por el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego). El oficialismo optó por un perfil técnico en sus exposiciones. Coto justificó que la reforma busca «armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema», asegurando que el objetivo no es desproteger, sino ampliar el inventario.

La respuesta de la oposición fue inmediata. El pampeano Pablo Bensusán (Justicialismo) cuestionó la falta de explicaciones sobre las modificaciones introducidas a último momento y advirtió sobre la fragmentación de criterios: «Tendremos 12 criterios diferentes en lugar de un sistema unificado con el IANIGLA. Es anticientífico e irresponsable».

Por su parte, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero (LLA) defendió la propuesta rechazando la dicotomía entre producción y ambiente: «La Constitución es clara: la Nación fija presupuestos mínimos, pero el dominio originario de los recursos es de las provincias. El agua y la minería no son enemigos; el problema es la actual ambigüedad jurídica».

El radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien votó en contra, expresó su preocupación por la seguridad jurídica y la jerarquía normativa: «Se debilita al IANIGLA y se genera un esfuerzo ambiental desigual entre provincias, lo que seguramente derivará en recursos de inconstitucionalidad». En la misma línea se manifestó la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba).

Intervenciones y definiciones finales

El debate contó con matices diversos:

• Flavia Royón (Salta): Con una postura técnica, defendió la necesidad de estudios de campo involucrando a las provincias, señalando que la norma no implica flexibilización, sino precisión. Subrayó, además, que el agro es el mayor consumidor de agua en provincias como San Juan, por encima de la minería.
• Guillermo Andrada (Catamarca): Argumentó que es necesaria una ley «más precisa y federal» que supere la «etiqueta estática» de la normativa vigente.
• Flavio Fama (UCR): Coincidió en que la rigidez de la ley actual y la judicialización han paralizado inversiones, generando incertidumbre.
• Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria): Cerró el bloque opositor con una advertencia severa: «Si habilitamos la explotación de un glaciar, este desaparece y no se recupera. Pasamos de un paradigma científico a uno abierto que traerá incertidumbre».

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien instó a dejar de lado la «lógica ridícula» que contrapone el cuidado ambiental con el desarrollo económico. «La Argentina tiene la obligación de dejar de ser un país pobre; no queremos seguir discutiendo bajo esa dicotomía», sentenció la senadora.