El Gobierno de la Nación oficializó este lunes el envío al Poder Legislativo del proyecto que impulsa la reforma de la Ley de Glaciares, una acción que fue oportunamente confirmada por la Oficina del Presidente a través de su cuenta en la red social X. La comunicación oficial subraya que esta iniciativa busca «ordenar el marco normativo vigente» con la finalidad de «poner fin a interpretaciones arbitrarias» y establecer un esquema de «federalismo ambiental» que resulte plenamente compatible con el texto de la Constitución Nacional.1 La propuesta busca subsanar lo que las autoridades describieron como «graves falencias interpretativas» de la ley actual, las cuales, a su juicio, generaron una marcada inseguridad jurídica y paralizaron inversiones productivas en sectores estratégicos como el minero.
La administración del presidente Javier Milei argumentó que la legislación actual, que rige desde el año 2010, ha afectado de manera directa el «legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales» y ha inmovilizado la puesta en marcha de proyectos cruciales para la economía del país.2 El objetivo central de la propuesta es fijar «reglas claras» que permitan delimitar la protección de los glaciares en función de su efectiva función hídrica, al tiempo que se propone fortalecer los estándares ambientales y eliminar cualquier margen para decisiones de carácter discrecional o motivadas por lo que el Ejecutivo denominó «pretextos ideológicos».3
El fundamento de esta nueva propuesta radica en los artículos 41 y 124 de la Carta Magna, los cuales establecen la obligación de resguardar el ambiente sin menoscabar el necesario desarrollo humano y, a la vez, reconocen la titularidad de las provincias sobre sus recursos naturales. En este contexto, el Ejecutivo hizo un llamado al Poder Legislativo para garantizar la participación ciudadana durante la etapa de debate y solicitó un tratamiento «pronto» de la norma, entendiendo que se trata de una reforma esencial para habilitar el crecimiento productivo y el desarrollo económico nacional.
La remisión formal de este proyecto ocurre tras más de quince años de vigencia de la Ley N.º 26.639, período en el cual numerosas voces del sector minero han expresado recurrentes dudas sobre la precisión técnica de la regulación y su impacto directo en proyectos de inversión, particularmente aquellos vinculados a importantes depósitos de cobre en el cordón andino.
Actualmente, Argentina es sede de cuatro de los doce proyectos de cobre greenfield más grandes a nivel global, una potencial inversión que podría alcanzar los 30.000 millones de dólares estadounidenses. No obstante, la falta de criterios científicos precisos para definir qué zonas deben ser sujetas a protección estricta ha mantenido a estos emprendimientos en un estado de profunda indefinición.
Durante el último año, el presidente Milei anticipó en múltiples oportunidades su intención de reformular la normativa, manifestando su apoyo a que las provincias tengan mayor injerencia para definir qué territorios pertenecen al ambiente periglacial. En un discurso dirigido a empresarios, el mandatario destacó que la iniciativa surgió, en parte, a sugerencia del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, con la finalidad de que las jurisdicciones locales puedan establecer los límites y así aprovechar «las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas».
El Gobierno nacional también justificó esta reforma como una respuesta directa a los acuerdos alcanzados en foros como la Mesa del Litio —que congrega a Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre —conformada por Mendoza y San Juan—, así como a los compromisos asumidos en el marco del “Pacto de Mayo”, una hoja de ruta enfocada en un modelo de desarrollo de carácter federal y sostenible. En el ámbito técnico, tanto líderes empresariales como expertos se han manifestado a favor de un marco normativo que sea exhaustivo y fruto del consenso.
Javier Robeto, el country manager de Aldebaran Resources para la Argentina, señaló a Infobae que la ley actual no solo afecta a la minería, sino a cualquier actividad que se desarrolle en zonas cordilleranas, enfatizando la urgencia de clarificar «qué debe protegerse» mediante la aplicación de criterios científicos sólidos.
El debate se profundiza en las definiciones de fondo sobre el alcance de los presupuestos mínimos ambientales y la autoridad de aplicación. En esta línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) ha propuesto conceder mayor potestad a los gobiernos provinciales para precisar en qué áreas se puede avanzar con operaciones extractivas. Cabe recordar que, en el año 2019, la Corte Suprema de Justicia ya había instado a la Nación y a las provincias a alcanzar un “acuerdo federal” para destrabar la aplicación de la Ley de Glaciares y asegurar su compatibilidad con el derecho provincial a explotar los recursos del subsuelo.4
La discusión central se traslada ahora al ámbito del Congreso, donde el Ejecutivo confía en que se acelere el tratamiento de la ley con el propósito de generar un clima de negocios que permita aprovechar los recursos naturales estratégicos del país.
