El Gobierno nacional y los representantes de la Justicia alcanzaron un consenso para fortalecer el financiamiento del sector durante el ejercicio vigente. A través de una decisión administrativa impulsada por la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, se autorizó una ampliación presupuestaria que representa casi el triple de los recursos previos, alineándose con las proyecciones realizadas por el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Fortalecimiento de la infraestructura y tecnología judicial
Desde el Consejo de la Magistratura se informó el éxito de las negociaciones orientadas a obtener mayores recursos económicos. Estos fondos adicionales están destinados a cubrir necesidades operativas críticas, tales como obras de infraestructura y actualización tecnológica en los tribunales federales y nacionales distribuidos en todo el territorio argentino.
Cabe recordar que, el pasado 27 de agosto, el Plenario había ratificado con una mayoría de 15 votos el proyecto de presupuesto para el Poder Judicial de la Nación correspondiente al año 2026, estimando una suma total de $2.007.943.778.229.
Detalle de las partidas asignadas
La medida se formalizó mediante la Decisión Administrativa 1/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de enero de este año. En dicho documento, la Jefatura de Gabinete otorgó un crédito presupuestario de $28.973.850.716 destinados específicamente al inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo.
Este ajuste implica una suba del 280% en dicho inciso respecto a lo establecido originalmente por la Ley de Presupuesto N° 27.798. Con esta asignación, el Ejecutivo responde al requerimiento financiero que fuera oportunamente estimado por las autoridades judiciales para garantizar su funcionamiento.
Criterios de aplicación de los fondos
De manera consistente con las gestiones de periodos previos, se informó que los recursos serán ejecutados bajo las directrices de la Presidencia y los consejeros del organismo. La aplicación de las partidas seguirá estrictos parámetros de criticidad, austeridad y distribución federal, priorizando las zonas y áreas con mayores urgencias operativas en el país.
