El bloque peronista en la Cámara de Diputados impulsa la declaración de la emergencia ígnea y propone autorizar la adquisición de una flota de aviones hidrantes. Simultáneamente, el Frente de Izquierda exige dotar de financiamiento al Servicio Nacional de Manejo del Fuego mediante la creación de un impuesto especial. Desde la semana pasada, la provincia de Chubut atraviesa uno de los siniestros forestales más devastadores de las últimas décadas, el cual ya ha consumido 11.970 hectáreas en áreas críticas como Puerto Patriada, El Hoyo y zonas de influencia. Aunque se logró controlar 22 de los 32 focos detectados, las intensas ráfagas de viento registradas este martes reavivaron el fuego en diversos sectores, con especial peligrosidad en las inmediaciones del Lago Epuyén.
Ante este panorama, diversos legisladores de la oposición han presentado una serie de iniciativas parlamentarias para fortalecer los recursos federales destinados al combate de las llamas. El reclamo surge tras una temporada crítica marcada por la voracidad de los incendios en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén. Los proyectos, motorizados por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, exigen mecanismos de financiamiento excepcionales, el refuerzo de los equipos operativos y asistencia directa a los damnificados, argumentando que la magnitud del desastre ha dejado en evidencia la insuficiencia de la respuesta estatal actual.
La bancada de Unión por la Patria introdujo dos propuestas complementarias. La primera busca declarar el Estado de Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica por un plazo de 180 días en las provincias afectadas. Esta norma facultaría al Poder Ejecutivo Nacional para asignar partidas extraordinarias destinadas a la asistencia sanitaria, la reconstrucción de infraestructura dañada, el alivio fiscal y la duplicación temporal de prestaciones sociales para las familias afectadas. El proyecto, liderado por José Alejandro Glinski junto a otros diputados patagónicos, prevé la transferencia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) priorizando la reparación de bienes públicos y privados, el apoyo a productores regionales y la restauración del ecosistema.
Por otro lado, la segunda iniciativa del peronismo apunta a robustecer la logística del Estado mediante la compra de aviones hidrantes especializados, con una inversión autorizada de hasta 50 millones de dólares. El texto, que lleva las firmas de Pablo Todero, Pablo Yedlin y Martín Aveiro, propone eximir de impuestos la importación de aeronaves y contempla la búsqueda de financiamiento externo a través de organismos como el BID o el Banco Mundial. Asimismo, sugiere que los fondos podrían obtenerse mediante la enajenación de inmuebles a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Desde este sector sostienen que la dependencia de servicios privados ha demostrado ser costosa e ineficiente, por lo que consideran vital contar con una flota estatal propia para garantizar una respuesta inmediata.
Medidas de protección y visiones del Frente de Izquierda
Ambas propuestas de Unión por la Patria contemplan beneficios impositivos para los sectores productivos y turísticos, la suspensión de ejecuciones fiscales, el acceso a créditos blandos y la ratificación de la prohibición de modificar el uso del suelo en áreas incendiadas. Los fundamentos de estas leyes advierten sobre el riesgo de que la crisis derive en la apropiación privada de tierras y en un daño ambiental irreversible. Según informes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y diversas ONGs, factores como la crisis climática, la desinversión estatal y la proliferación de monocultivos exóticos han agudizado la vulnerabilidad de los bosques nativos.
En sintonía con el reclamo, el Frente de Izquierda presentó una propuesta que exige declarar la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El documento, firmado por Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, establece la obligatoriedad de destinar fondos específicos para la compra de helicópteros, vehículos y herramientas, además de exigir una recomposición salarial y estabilidad laboral para los brigadistas. Un punto destacado de este proyecto es la prohibición de cambios en el uso del suelo en las zonas quemadas por un lapso de sesenta años, buscando bloquear cualquier intento de especulación inmobiliaria. La izquierda atribuye la gravedad de la situación a un recorte del 70% en el financiamiento real del área desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La iniciativa del Frente de Izquierda incluye además la creación de un Bono de Emergencia Ígnea, que grabaría las ganancias de las grandes empresas con actividad en la región, y un impuesto especial a las grandes fortunas para constituir un fondo permanente de prevención. Asimismo, propone prohibir el cultivo comercial de pinos y fomentar la recuperación del monte autóctono.
Dado que el Congreso se encuentra actualmente en período de sesiones extraordinarias, la viabilidad de estos proyectos depende exclusivamente de que el Poder Ejecutivo decida incluirlos en el temario de la segunda convocatoria, la cual, según fuentes oficiales, se extendería durante todo el mes de febrero.
