A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Ejecutivo Nacional declaró la Emergencia Ígnea para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La normativa surge como respuesta inmediata a los incendios forestales que ya han devastado más de 45.000 hectáreas en la región. El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado que la medida estaba lista para su implementación con el fin de agilizar el flujo de recursos hacia las zonas críticas.
La determinación se consolidó durante una reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, que se extendió por una hora y media el pasado jueves. En dicho encuentro participaron figuras centrales de la gestión como Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia), Santiago Caputo (Asesor), Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía) y Patricia Bullrich (jefa del bloque oficialista en el Senado), junto a Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos) y Martín Menem (Diputados), este último de forma remota.
Desde el entorno presidencial justificaron el uso del DNU argumentando que la gravedad de la situación meteorológica y el avance del fuego sobre áreas boscosas y rurales no permitían los tiempos del debate parlamentario. «La velocidad amerita esa vía; no sería eficiente enviarlo al Congreso en medio de una emergencia», señalaron fuentes oficiales.
El anuncio ocurre días después de que los gobernadores de la Patagonia —Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz)— solicitaran formalmente al Congreso la declaración de zona de desastre. Aunque el Gobierno sostiene que la medida no fue una reacción directa a este pedido, reconoce que busca optimizar la gestión del riesgo y neutralizar las críticas sobre la política de manejo del fuego.
En términos de ayuda directa, el Gobierno confirmó las siguientes acciones:
- Transferencia a Chubut: Se enviaron $4.000 millones mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para aliviar las finanzas provinciales.
- Financiamiento al sistema de Bomberos: Mediante la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, dirigido por Alejandra Monteoliva, se destinó un total de $100.810.319.998,50 para 1.062 asociaciones de Bomberos Voluntarios del país, lo que representa una asignación de $94.924.971,75 para cada entidad.
- Entidades de segundo grado: Las federaciones provinciales recibirán un fondo de $7.754.639.995,93.
Estas partidas presupuestarias tienen como objetivo garantizar la capacidad operativa frente a un desastre cuya magnitud ha superado las respuestas locales disponibles en el sur argentino.
