En un avance judicial y científico de enorme trascendencia, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba confirmó la identificación de los restos óseos pertenecientes a 12 personas que fueron enterradas de forma clandestina en el predio de «La Perla». Este hito se produce tras el hallazgo de fragmentos óseos en septiembre de 2025 dentro del que fuera uno de los centros de detención más grandes de la última dictadura militar, ubicado estratégicamente entre la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz. Se estima que por este sitio pasaron entre 2.200 y 2.500 prisioneros entre 1976 y fines de 1978, consolidándose como un punto neurálgico del esquema represivo en el interior del país.

La investigación que permitió este resultado fue impulsada por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja y ejecutada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El trabajo de campo se centró en un sector específico denominado «Loma del Torito», donde los arqueólogos forenses localizaron piezas clave como un fémur y fragmentos craneales. Para alcanzar este objetivo, fue fundamental la colaboración técnica del Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, integrada por María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta.

El éxito de este hallazgo es el resultado de casi dos décadas de labores sistemáticas por parte del EAAF. La estrategia científica no solo se basó en la recolección de testimonios, sino en un complejo despliegue tecnológico que incluyó el uso de imágenes satelitales, análisis de fotografías aéreas históricas y la implementación de tecnología LiDAR, un sistema de pulsos láser que permite detectar alteraciones en el relieve del suelo imperceptibles a simple vista. Un componente decisivo fue el cruce de datos con registros del Catastro de la Municipalidad de Córdoba de 1979, los cuales permitieron acotar las áreas de búsqueda tras detectar movimientos de tierra anómalos.

Durante las intervenciones de 2024, los investigadores delimitaron 23 puntos de interés y excavaron una superficie de aproximadamente una hectárea. Aunque no se hallaron objetos personales, la evidencia de «actividad antrópica intensa» confirmó que el terreno había sido modificado profundamente por la mano humana. Los análisis de las imágenes de 1979 reforzaron la hipótesis de que, antes de la toma de dichas fotos, se realizaron exhumaciones masivas con maquinaria pesada para intentar ocultar los restos. Esta línea de tiempo fue fundamental para extender la búsqueda a un segundo terreno de diez hectáreas que presentaba alteraciones geofísicas similares.

El proceso judicial continuará ahora con los exámenes complementarios y las notificaciones formales correspondientes. Una vez concluida esta fase, las autoridades brindarán detalles específicos sobre las identidades de las víctimas y su vínculo directo con el circuito represivo de La Perla. Cabe destacar que el hallazgo inicial ocurrió el 26 de septiembre del año pasado en la zona de Malagueño, marcando un hito después de casi cinco décadas de búsqueda. Según detalló el secretario del juzgado, Miguel Ceballos, las tareas contaron con la colaboración del Ejército y se extendieron durante una campaña de 70 días que finalmente arrojó luz sobre el destino de estos doce ciudadanos.