El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas ha determinado convocar a una huelga general con movilización para la jornada en la que el Senado de la Nación debata el proyecto de reforma laboral promovido por el Ejecutivo. Como parte de su estrategia, el bloque sindical evalúa además concretar medidas de fuerza previas durante la primera quincena de febrero, dirigidas específicamente a las provincias cuyos mandatarios brinden respaldo a la iniciativa oficialista.
Estrategia de lucha y unidad sindical
La resolución se adoptó tras un prolongado plenario en el Hotel Héctor Quagliaro. Allí, las organizaciones debatieron el impacto de una propuesta legislativa que, según denuncian, representa una involución crítica en los derechos de los trabajadores. Con el fin de masificar la protesta, los gremios llevarán este planteo a una cumbre con sectores de la CGT, prevista para este miércoles en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, enfatizó que la realización de un paro general durante el tratamiento legislativo es «absolutamente necesaria». No obstante, aclaró que la acción no debe ser un evento único, sino el punto culminante de un plan de lucha que contemple movilizaciones y protestas previas al arribo del proyecto al recinto.
El rol de los gobernadores y el impacto en el sector público
Aguiar dirigió duras críticas hacia los gobernadores que se alinean con la gestión de Javier Milei, señalándolos como piezas clave para que el oficialismo logre sancionar la reforma. Al respecto, el dirigente vinculó las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, con la necesidad del Ejecutivo nacional de obtener el aval de las provincias para avanzar con su agenda legislativa.
Desde el Frente advirtieron que la reforma pretende socavar la tutela laboral y otorgar mayores prerrogativas a la parte empleadora. Contrario al discurso oficial, los sindicatos remarcaron que el proyecto afecta directamente al empleo público, dado que una gran cantidad de organismos del Estado se encuentran bajo la Ley de Contrato de Trabajo, marco legal que se intenta reformular.
Entre las entidades que se verían impactadas, mencionaron específicamente a:
- PAMI y ANSES.
- Vialidad Nacional, la DGI y la Dirección General de Aduanas.
- El Hospital Garrahan.
- Intercargo, Belgrano Cargas y diversas empresas y entes del Estado.
Finalmente, el sector gremial manifestó su rechazo a las modificaciones en el régimen de monotributo, advirtiendo sobre un posible aumento del fraude laboral en la administración pública, y cuestionó el traspaso de los conflictos laborales de la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo.
