En un despliegue que involucra a más de quinientas personas, los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en contener los focos que permanecen activos en la provincia de Chubut. Mientras tanto, la justicia avanza en una investigación orientada a confirmar un posible origen intencional del fuego, en un contexto donde las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas extremas amenazan con profundizar el desastre ambiental en la región patagónica.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, ratificó a través de sus canales oficiales la intencionalidad detrás de estos siniestros forestales. Esta declaración se alinea con la instrucción judicial que busca precisar las circunstancias de los hechos e identificar a los responsables. Simultáneamente, el Gobierno nacional y la administración provincial mantienen el estado de alerta crítica, priorizando el combate en el foco activo de Puerto Patriada, donde diversas áreas coordinan recursos para frenar el avance del fuego.

De acuerdo con la información suministrada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la superficie afectada en la Patagonia asciende aproximadamente a 15.000 hectáreas. La provincia de Chubut es la más castigada, concentrando el 80% de los focos ígneos. Adorni puntualizó que, gracias a la labor de 295 brigadistas, se ha logrado extinguir 22 de los 32 incendios reportados originalmente. Por su parte, el presidente Javier Milei se sumó al reconocimiento público, expresando su gratitud hacia los brigadistas, bomberos y voluntarios que arriesgan su integridad física en las tareas de salvamento.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut precisó que, hasta el momento, la superficie calcinada en territorio provincial alcanza las 11.970 hectáreas. A pesar de las precipitaciones registradas durante la tarde, el foco principal en Puerto Patriada continúa activo. El organismo emitió una advertencia sobre la persistencia de condiciones climáticas adversas para la jornada del lunes, señalando que la combinación de vientos intensos, temperaturas elevadas y baja humedad relativa mantiene un riesgo extremo de propagación.

Ante este escenario, las autoridades han planificado para las próximas horas la continuidad del despliegue de personal y el fortalecimiento de los cortafuegos mediante herramientas manuales. Las tareas también incluyen el enfriamiento de puntos calientes, patrullajes perimetrales constantes y la protección directa de viviendas para evitar mayores pérdidas materiales. Aunque el último parte del SPMF indicaba que las causas de la serie de incendios iniciada la semana pasada no habían sido confirmadas oficialmente por el organismo, el panorama político y judicial sugiere otra dirección.

Apenas veinte minutos antes del reporte técnico del SPMF, el gobernador Torres aseguró que la Justicia ya habría confirmado la intencionalidad del fuego. Esta novedad impulsa a la administración provincial a profundizar las acciones legales para garantizar que los culpables sean procesados. Torres subrayó la gravedad de la crisis, reportando una persona con quemaduras de consideración y la evacuación de ocho residentes en la zona de Epuyén.

En cuanto a la infraestructura, el saldo es devastador: 24 viviendas, una finca agrícola y dos complejos turísticos fueron alcanzados por las llamas. Asimismo, las localidades de Epuyén y Cholila sufrieron cortes en el suministro eléctrico debido a los daños estructurales en las líneas de alta tensión, con la expectativa de restablecer el servicio en el corto plazo.

Actualmente, el operativo de combate cuenta con un total de 581 efectivos, entre los que se encuentran brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios. El gobernador destacó especialmente la solidaridad federal, con el arribo de equipos provenientes de Córdoba, Neuquén y Río Negro, que trabajan de manera conjunta con los recursos movilizados por el Estado Nacional. Pese a que se ha logrado controlar la mayoría de los focos, la peligrosidad persiste y la urgencia se mantiene centrada en la estabilización de Puerto Patriada.

Las prioridades de gestión gubernamental se enfocan ahora en tres pilares: garantizar la seguridad de la población local, restaurar los servicios básicos esenciales y acelerar la investigación judicial para esclarecer el origen de esta catástrofe que ha puesto en jaque a la biodiversidad patagónica.