La Confederación General del Trabajo ha comenzado a articular una estrategia legal para cuestionar la reforma laboral propuesta por el Poder Ejecutivo, bajo la premisa de que el texto contiene disposiciones que vulneran principios fundamentales de la Constitución Nacional. Jorge Sola, referente de la central obrera y titular del gremio de Seguro, advirtió de manera contundente que la iniciativa enfrentará serios obstáculos jurídicos si se aprueba sin modificaciones, asegurando que el proyecto colisiona directamente con normativas de jerarquía superior y que el Gobierno volverá a chocar con una barrera judicial. Ante este escenario, la cúpula sindical divide su plan de acción en dos frentes: por un lado, han decidido profundizar el diálogo con diversos senadores de múltiples sectores que se mostraron dispuestos a analizar las objeciones gremiales y, por otro, han instruido a su equipo de abogados para definir la impugnación técnica del proyecto. Cabe destacar que este cuerpo de asesores es el mismo que anteriormente logró que la Justicia declarara la invalidez del capítulo laboral contenido en el DNU 70, lo que otorga un precedente de peso a sus pretensiones actuales.
Uno de los ejes centrales de la futura demanda radica en el artículo número 88 del proyecto, el cual pretende reglamentar de manera estricta el ejercicio del derecho de huelga. La norma bajo análisis propone establecer porcentajes mínimos de prestación de servicios que alcanzan el 75% en actividades denominadas esenciales y el 50% en aquellas definidas como de importancia trascendental. Dentro del primer grupo, el Gobierno incluye una vasta lista que abarca los servicios sanitarios y hospitalarios, el transporte de medicamentos, la producción y distribución de agua, gas, petróleo y energía eléctrica, las telecomunicaciones e internet, y la aeronáutica comercial junto al control de tráfico aéreo. Asimismo, se incorporan los servicios aduaneros, migratorios y de comercio exterior, la educación en todos sus niveles obligatorios, el transporte marítimo y fluvial, y la recolección de residuos urbanos.
Por otro lado, la categoría de servicios de importancia trascendental es igualmente amplia, integrando sectores como la fabricación de insumos hospitalarios, el transporte terrestre y subterráneo de personas y mercaderías, los servicios de radio y televisión, y las industrias continuas como la siderurgia, la química y la cementera. También se incluyen bajo este esquema la totalidad de la cadena de valor de la industria alimenticia, la producción de materiales de construcción, los servicios logísticos, la minería, la actividad frigorífica, los correos, los servicios bancarios y financieros, la hotelería, la gastronomía, el comercio electrónico y cualquier actividad afectada a compromisos de exportación. Para la CGT, este esquema resulta excesivamente restrictivo y contradice los estándares fijados por la Organización Internacional del Trabajo, repitiendo el modelo que ya fue censurado por los tribunales laborales en el pasado reciente.
Esta preocupación por la viabilidad jurídica de la reforma no es exclusiva del ámbito sindical, sino que encuentra eco en especialistas distantes a la central obrera, como es el caso del exministro de Trabajo Jorge Triaca. El exfuncionario advirtió que la redacción actual del proyecto es difusa y carece de la claridad necesaria respecto a los antecedentes existentes, lo que inevitablemente fomentará una mayor judicialización tras su sanción definitiva. Triaca puso el foco en puntos sensibles como la discusión sobre la ultraactividad de los convenios colectivos, que pondría en revisión más de 1.700 acuerdos vigentes, y la prelación de los convenios por empresa sobre los de alcance nacional o regional. En su visión, si no se logra un equilibrio operativo que brinde previsibilidad tanto a empleadores como a empleados, la reforma corre el riesgo de dejar desguarnecidos a los trabajadores y generar una incertidumbre tal que termine impidiendo el cumplimiento de sus objetivos de formalización y creación de empleo.
